28 de November de 2011 00:00

Una crítica a publicidad de la campaña M. Espejo

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María Cristina Kronfle, asambleísta de Madera de Guerrero, sostiene que solo las leyes de carácter social se libran de quedar entrampadas en la Legislatura.

Hoja de vida
María Cristina Kronfle

Su experiencia. De 26 años, estuvo en la Asamblea Constituyente de Montecristi y actualmente representa a Guayas en la Asamblea Nacional.
Su punto de vista. La bancada oficialista en la Asamblea Nacional no ha dado paso a muchas propuestas de juicio político para defender a los funcionarios que protege el actual Régimen.

¿Por qué una nueva Ley de Discapacidades? ¿Qué le faltaba a la ya existente?

La Ley actual de Discapacidades cuenta solo con 39 artículos, todo fue agotado en el Reglamento, y nosotros como Asamblea no podemos reformarlo porque es potestad exclusiva del Ejecutivo. La Legislatura puede reformar una Ley o crear una nueva. En una década no se ha profundizado en temas como rebajas tributarias, educación especial y planes de salud; no se tocó ningún derecho de las personas con discapacidad. Además, estamos en un marco constitucional distinto; la actual Constitución considera a este grupo como de atención prioritaria, y ya no como un grupo vulnerable tal como estaba en la Carta Magna del 98.

¿Usted se reúne con frecuencia con el vicepresidente Lenín Moreno?

No, para nada. La vez que nos reunimos fue para tratar un tema que no estaba contando con el apoyo del Conadis (Consejo Nacional de Discapacidades) y era fundamental que él diera el visto bueno para que ponga orden en la institución que dirige (Vicepresidencia). El tema central era la eliminación del Carné de Discapacidad y la implementación de estos datos en la cédula de identidad. También hemos hablado de lo insólito que significa que en nuestro país una persona con discapacidad no pueda afiliarse voluntariamente al IESS.

Hay una serie de proyectos de ley que por las discrepancias entre el oficialismo y la oposición no han sido tramitados con agilidad. ¿Por qué precisamente este proyecto sí se apegaría a un cronograma ya previsto?

Las leyes que tienen un origen social no encuentran este problema. Vimos la reforma al Código de la Salud, donde hablamos de las enfermedades raras o catastróficas, que tuvo unanimidad de votos en la Asamblea, porque busca crear un marco de protección para las personas que la necesitan y eso va más allá de las tendencias políticas. Y lo mismo sucede respecto a la discapacidad.

¿No se corre el riesgo de que se fomente una cultura de excesivo proteccionismo hacia este grupo, donde solo se hable de derechos?

En el aspecto de crear ciudadanía no solamente operan los derechos sino también las obligaciones, pero todo derecho tiene inmersa una obligación. Muchos compañeros me han venido a decir que los están sacando del trabajo, pero siempre los cuestiono respecto a si han cumplido a cabalidad con las labores que les correspondían en sus puestos, porque la compasión no es ayuda. Por eso no estoy de acuerdo con que Lenín (Moreno) haga propaganda de la misión Manuela Espejo con niños acostados, recibiendo colchones...

¿Qué quiere decir?

Es que no se trata solo de recibir. Nosotros, las personas con discapacidad, necesitamos que se respete nuestra dignidad y nuestros derechos, no que nos tengan lástima. La propaganda de las personas con discapacidad debe ser de gente que está integrada en la vida diaria, que hace deporte, pero lo que vemos (en las campañas publicitarias) es clientelar.

¿Cómo ve su labor como legisladora luego de la aprobación de la nueva Ley de Discapacidades?

Creo en el control político del cumplimiento de esta Ley. Fui elegida en Guayas por personas con discapacidad, pero también por personas que no tienen discapacidad. Igualmente, debo cumplir con la labor de fiscalización política que corresponde a los asambleístas.

¿A quién ve usted en un futuro en un juicio político?

A mí me encantaría un juicio político al Ministro de Relaciones Laborales (Richard Espinoza), no solamente por los despidos de las últimas semanas. Esta Cartera se encargó durante mucho tiempo de sancionar solamente a las empresas privadas por el no cumplimiento de la inserción laboral de las personas con discapacidad, pero hasta la fecha no he sabido de una sola institución pública que haya sido sancionada por incumplir con estos porcentajes.

¿Y cree que al tratarse de un asunto social se llegaría a un consenso para que esto llegara a concretarse?

No lo creo, es muy difícil, porque la mayoría legislativa que es de Alianza País está para defender a los peones y alfiles de Rafael Correa. Son como el apoyo político para que las fichas que ponga Correa no se quebranten. Tendrán que buscar un conejillo de Indias como Gloria Sabando, tendrán que crear un mártir político como fue ella para que puedan aceptar un juicio político.

¿No tiene miedo de que haya algún tipo de retraso en la Ley que usted impulsa por lo que está diciendo?

No, no tengo miedo porque, aunque son medio ‘sentidos’ ellos (los legisladores de mayoría), la verdad cae por su propio peso. Tenemos dos años de funciones al frente de la Asamblea y solo ha podido haber un juicio político y ha habido razones de sobra para que hayan unos cuantos más, pero no han pasado...

La labor de fiscalización de los asambleístas se vuelve más complicada entonces...

Por eso estamos en la reforma de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). Como miembro de esa Comisión firmé el informe de mayoría en el que proponía que los juicios políticos se ventilen en el Pleno de la Asamblea Nacional, y no en una comisión aislada de 11 ilustrados donde está el futuro de la patria, donde son ellos el centro para la fiscalización del país. Estoy de acuerdo en que se ventilen los juicios políticos y las acusaciones en el Pleno; eso no quiere decir que sean culpables, sino que fueron puestos en tela de duda y que necesitan argumentar su gestión.


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