21 de July de 2010 00:00

La Concordia, dividida por la consulta

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Redacción Santo Domingo

La consulta popular en La Concordia (Esmeraldas) es otra batalla entre Alianza País y el Movimiento Popular Democrático (MPD).

Esto se evidenció en los actos violentos ocurridos en la noche del lunes, mientras el presidente Rafael Correa asistía a un acto masivo en la ciudad.

El ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, estuvo ayer en La Concordia. Él se reunió con el alcalde de este cantón, Walter Ocampo. ¿El objetivo? Planificar acciones para reforzar el trabajo policial.

Uno de los primeros resultados de la visita de Jalkh fue la detención de siete personas de quienes se presume participaron en los disturbios. Una de ellas es la concejal Rosario Bastidas del MPD. Se les acusa de daños a la propiedad y de escándalo público.

Los problemas tienen un antecedente: noviembre del 2007. En ese mes, el Congreso creó la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Al mismo tiempo se erigió al cantón La Concordia como parte de Esmeraldas. Hasta esa época, este recinto esmeraldeño tenía conflictos limítrofes y de pertenencia entre Pichincha, Manabí y Esmeraldas.

La decisión molestó a una parte de la población. El argumento fue que nunca se consultó a los habitantes a dónde querían pertenecer. Es decir si a Esmeraldas o a Santo Domingo de los Tsáchilas.

Sin embargo, la resolución logró el beneplácito de la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa, perteneciente a las filas del MPD, entonces aliado de Alianza País.

Las cosas no estaban resueltas con la decisión del ex Congreso. En estos dos años y ocho meses estuvo latente la promesa de campaña del entonces candidato, Rafael Correa, de hacer una consulta para que los moradores de La Concordia decidan a qué provincia quieren ser parte.

Esta propuesta tomó impulso con la llegada de Walter Ocampo a la Alcaldía, en representación de Alianza País. Ese fue un ofrecimiento de campaña y su principal objetivo en su gestión.

El Burgomaestre insistió al Presidente sobre este tema y la idea empezó a tomar fuerza la semana pasada cuando un grupo de manifestantes fue a la Plaza Grande.

Pero la prefecta Sosa es contraria a la consulta. Ella dice que La Concordia pertenece a Esmeraldas. El criterio es compartido con sus coidearias las concejales del cantón Rosario Bastidas y Carmen Villegas del MPD.

Otra cabeza visible de la oposición a la consulta es el ex candidato a la Alcaldía, José Ocampo Zambrano, hermano del Alcalde.

Ocampo Zambrano participó por el MPD y el Movimiento Ciudadano Concordense. Desde que culminaron las últimas elecciones, Ocampo Zambrano lidera la oposición al Burgomaestre y participó en la marcha contra la consulta efectuada el lunes pasado, luego de lo cual se produjeron los disturbios.

Cuando el incidente terminó y el gas lacrimógeno se disipó del recinto ferial, Ocampo y Correa llamaron a los habitantes a retomar sus lugares. Ese momento, el Primer Mandatario, con sus ojos aún llorosos y visiblemente molesto, culpó de la agresión a “los garroteros del MPD (...). No les importó la presencia de niños y mujeres embarazadas”.

El Jefe de Estado dio a entender que su cuerpo de seguridad le informó sobre esta explosión.

Otro motivo para que el Ejecutivo empujara la organización de la consulta popular lo resalta el jurista Amores Terán. Él sostuvo que la Transitoria decimosexta de la Constitución señala: “' la Presidencia de la República' en el plazo de dos años desde la entrada en vigencia de esta Constitución' instará la convocatoria de consulta popular para resolver conflictos de pertenencia”. Este plazo terminará en septiembre.

Terán pertenece al Frente Ciudadano Concordense. El pasado 18 de julio, este organismo envió una carta al Presidente de la República. En ese documento piden al Consejo Nacional Electoral que convoque, inmediatamente, a consulta a la población.

Terán recordó que el territorio de Santo Domingo de los Tsáchilas sufrió una pérdida con la salida de La Concordia.

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