Pablo Chambers
Su experiencia. Es consultor en mercadeo. Fue presidente de Pacifictel. Coordinó la veeduría que investigó contratos
de Fabricio Correa.
Su punto de vista. El Presidente de la República no alienta los procesos de veeduría ciudadana, amedrenta a quienes los cuestionan.
El presidente Rafael Correa anunció que enjuiciaría a la veeduría ciudadana por supuestamente haberlo difamado, al indicar que sí conocía los contratos que su hermano tenía con el Gobierno.
Si nos notifican algún juicio a los cuatro miembros de la veeduría, no nos defenderemos, ni personal ni corporativamente.
¿Por qué?
Nuestro informe fue aceptado y aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, que lo hizo suyo. Es este organismo el que debe defenderlo. Además, no confiamos en la justicia, pese a que nuestro informe se basa en documentos certificados por entidades públicas. Todas nuestras afirmaciones tienen pruebas documentales.
¿Entonces, usted cree que no tienen garantías para un juicio justo, independiente?
Basta ver los recientes juicios iniciados por el presidente Correa y sus funcionarios contra periodistas, y opositores, disidentes. En todos, los jueces han fallado a su favor; todos los demandados han sido condenados.
Correa afirma que no conocía que su hermano contrataba con su gobierno, pero la veeduría concluyó que sí.
Claro. El Presidente lo reconoció textualmente en una entrevista en Canal Uno, que adjuntamos al informe. Dijo que sabía que su hermano había comprado la empresa Cosurca (que recibió contratos por unos USD 70 millones con su gobierno), y del préstamo que la CFN le hizo a su hermano.
¿Ustedes han sido notificados con alguna demanda?
No. Y si eso ocurre la trasladaremos al Consejo de Participación y a la Presidencia, que fueron quienes nos nombraron, para que nos defiendan judicialmente.
Es paradójico que el Gobierno anuncie un juicio en contra de una veeduría ciudadana. ¿Qué implicaciones tiene esa amenaza?
Es una alerta peligrosa, por ejemplo para la veeduría internacional coordinada por el ex juez Baltasar Garzón, que vigila la reforma judicial. Si su actuación se desvía de lo que les pide el Gobierno, es decir santificar ese proceso, pueden ser escarmentados judicialmente. Y el resto de veedores también deben cuidarse de no meterse con el Régimen.
El Presidente dice que su actuación en la veeduría fue política, pues fue parte del gobierno de Lucio Gutiérrez.
Yo fui designado presidente del Directorio de Pacifictel en el gobierno de Lucio Gutiérrez, tras un proceso público de selección que realizó Price Waterhouse para nombrar directivos de varias entidades públicas. No fue una designación política. Estuve nueve meses en el cargo y renuncié porque yo quise cerrar la empresa para hacer una reingeniería total, lo cual no era del agrado del entonces presidente Gutiérrez.
¿Es un estigma haber sido parte de ese Gobierno?
Para nada. Mi gestión fue exitosa, serví a ese Gobierno de una manera profesional y honesta. Es más, fui el único Presidente del Directorio de Pacifictel que jamás ha sido cuestionado. Por otro lado, realmente es muy cínico tratar de estigmatizarme por haber sido parte de ese Régimen. Habría que preguntarle al Presidente por qué, entonces, tiene en su gabinete a otros ex funcionarios de la administración de Gutiérrez, como Doris Soliz, Jorge Glas, Ivonne Baki…
Y si el juicio se inicia, ¿usted se quedará en el país?
Por supuesto, tengo todo el derecho a vivir en mi país, soy una persona decente. Si eso se da, lo más grave será que los ciudadanos no tendremos derecho a ver ni opinar. Se estarían castrando nuestros derechos garantizados en la Constitución.