1 de April de 2012 00:05

‘La Asamblea tiene que entender que la libertad no se negocia’

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César Montúfar opina que más allá de la aprobación de la ley de medios, el Gobierno  ya perdió el apoyo de la sociedad en su guerra  contra la libertad de  expresión.

¿Qué es preferible: que la Asamblea apruebe la Ley de Comunicación o que la Corte Constitucional (CC) dicte una norma temporal?

Las dos opciones vulnerarían el derecho fundamental a la libertad de expresión. En la Asamblea no hay garantías de que si se llegara a aprobar esta ley, su contenido vaya a ser respetado en el veto del Presidente. Además, no hay ningún asidero constitucional que disponga a la CC dictar una ley.

Patricio Pazmiño reafirmó la facultad legislativa que tiene la Corte Constitucional...

Pero cuando la Asamblea Nacional caiga en omisión...

¿Proponer el archivo de la ley de medios, como es su tesis, no es caer en omisión?

No. El archivo de un proyecto que viola la legislación internacional es la única manera de viabilizar un nuevo proceso inclusivo y participativo hacia una Ley de Comunicación democrática. El mandato constitucional no nos pide aprobar cualquier ley, sino una que respete los derechos humanos. El problema ha sido la obstinación del Ejecutivo por querer imponer una ley a la Asamblea para que esta la imponga al pueblo ecuatoriano.

¿El país está en las horas decisivas de esta ley?

Es una batalla que los ciudadanos que defendemos la libertad de expresión no la hemos perdido. Este ha sido el proyecto más importante para el Gobierno, el elemento principal dentro de toda una estrategia del control de la comunicación. Es la cuarta pata para controlar a la prensa.

¿Las otras tres?

El asedio constante a la tarea del periodismo. La judicialización de la opinión discrepante, incómoda para el Régimen; no solo con los juicios a los comunicadores y a los medios sino a los 197 dirigentes sociales. Finalmente, está todo ese abuso de la propaganda y la publicidad gubernamental.

La ley de medios no es la única estrategia legal...

Por supuesto. Está la ley de Participación Ciudadana, cuyo artículo para exigir la rendición de cuentas a los medios se impuso por un veto. Están la ley de Control del Mercado, que regula el aspecto accionario, el Código de la Democracia, que restringe la cobertura en épocas de campaña; y se vienen las propuestas del Código Penal que son lesivas al derecho de los ciudadanos a protestar.

¿También la Ley de Telecomunicaciones?

Claro, pero de entre todas ellas, la de Comunicación es el centro del rompecabezas y cuya polémica no se zanja por discutir si hay o no algún artículo que mejorar. Este es un proyecto totalitario de control del Gobierno y frente al cual la sociedad ecuatoriana ha resistido, porque el Régimen quiso aprobarlo en el 2009.

¿No es demagógico decir que la sociedad ha resistido, cuando lo que se siente es cierta indiferencia en la población por lo que ha tenido que vivir la prensa?

Si es así, ¿por qué no han aprobado la ley? Ellos siempre tuvieron claro que esta ley jamás va a pasar sin un alto costo político.

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¿No cree más bien que el temor de los asambleístas es que con una Ley de Comunicación su acceso a los medios será mucho más difícil?

La política en democracia se hace en la opinión pública y allí los medios de comunicación juegan un espacio privilegiado.

Es un espacio que el Gobierno ha criticado de forma despiadada: todos los medios son corruptos, los periodistas son mediocres, y todo lo que dice la prensa es mentira. ¿No siente que la sociedad, ante este ataque, ha sido por lo menos indiferente?

Yo no lo creo. Pensemos solo en los resultados de la consulta popular del 2011. La pregunta sobre la Ley de Comunicación fue la que menos apoyo tuvo. En Quito, la diferencia entre el Sí y el No fue de 5 000 votos. Y si al No se suman los nulos y los blancos, el resultado es la derrota de Correa.

¿La sociedad se dejó llevar por el concepto del Gobierno de que el debate sobre la libertad de expresión es un tema que solo le interesa a los dueños de los medios y a unos cuantos periodistas?

Para nada. Miles de personas con quienes he conversado están muy preocupadas. Nosotros hemos hecho la campaña por el archivo de la ley en la calle. Elaboramos una carta pública que la repartimos en siete ciudades...

Pero tampoco hubo mucha gente en esas convocatorias.

La política no se mide por la gente en la calle, sino por su conciencia. La respuesta positiva de la gente en estas actividades ha sido tremenda: en el sur de Quito, en Esmeraldas, en Santo Domingo... Es un mito pensar que a la gente no le interesa el derecho fundamental a expresarse libremente. La gente está muy consciente de que se puede no tener trabajo, salud, empleo, pero el momento en que se pierde el derecho a pensar libremente, se pierde la condición de persona.

¿Es posible que ante la falta de acuerdos esta ley se siga posponiendo?

Suponiendo que esta ley se apruebe sobre la base de la compra de conciencias en la Asamblea, en el tema de la libertad de expresión, el Gobierno perdió la batalla ante la sociedad. Recordemos lo que pasó en los juicios contra diario El Universo y en el caso El Gran Hermano y la tremenda reacción nacional e internacional. Correa terminó arrodillándose por su terrible error al que lo disfrazó con el famoso perdón.

¿De qué serviría la reacción nacional si finalmente entra en vigor la ley de Correa?

El pueblo no la va a legitimar. Estamos en un año electoral y el castigo que va a tener el Gobierno por su autoritarismo lo vamos a ver en las urnas...

¿Cuando rige un Código de la Democracia que inflará la representación del oficialismo en la Asamblea?

Estoy seguro que si pasa esta ley, vía veto presidencial o a través de la CC, va a ser la primera que se reformará en la próxima Asamblea Nacional. Esta es la única ley que ha unido a la oposición. Miles de periodistas, cientos de medios, millones de personas.

Pero en la Asamblea Nacional esa gran oposición no tiene 63 votos seguros para negar o archivar la ley...

La matemática legislativa no responde a la realidad del pensamiento ciudadano. La matemática legislativa tiene la posibilidad de chantajear a un asambleísta por sus deudas con el SRI. En cambio, la matemática social hace rato que rechazó esta ley...

Entonces, la oposición lo que no tiene es liderazgo...

La oposición ha trabajado de manera unificada. Nuestra mejor estrategia fue siempre presentar propuestas y tomar la iniciativa desde el inicio del debate. Que nadie nos acuse de obstruccionistas, pese a que ahora veamos que ante el contenido grave de esta ley lo mejor es plantear su archivo.

¿Por la forma en la que Alianza País impuso sus contenidos en el proyecto?

La construcción de esta ley develó profundas contradicciones: acordémonos del panchanazo, de los dobles informes con temas que nunca fueron discutidos en la comisión. Todo esto invalida por completo el trámite legislativo.

¿Y su contenido?

Hay cosas impresentables. Se inventan la figura de la sanción administrativa para temas de libertad de expresión. Es decir, que hay la posibilidad de aplicar sanciones por la forma en la que se escribe un titular. Por eso fueron las cartas de Catalina Botero, relatora de la Libertad de Expresión.

¿ Y cuántas cadenas el Gobierno le dedicó a ella?

Lo esencial es que en todos estos informes , el oficialismo ha buscado mantener cuatro temas fijos. El primero es la responsabilidad ulterior administrativa. Dos, crear un Consejo de Regulación, controlado por el Ejecutivo, que actuará como una Comisaría, totalmente punitiva y que estará abierta a atender las denuncias que cualquier persona ponga contra los medios. Tres: no hay ninguna regulación a la propaganda gubernamental. El Consejo de Regulación acosará por cualquier cosa a los medios privados, les obligará a autocensurarse, pero no le dirá nada al Gobierno por el uso de recursos públicos por imponer tres horas a la semana de cadenas nacionales en los medios audiovisuales.

¿El cuarto punto?

Los medios de comunicación públicos, que son un avance en cualquier sociedad, pero terminarán siendo gubernamentales.

¿Por qué?

Porque serán creados por instituciones públicas; sus consejos directivos estarán presididos por el titular de esos organismos. Ya se viene el reparto igualitario de las frecuencias: 33% para los privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios.

¿Qué va a hacer el Estado con tantas estaciones de radio y TV disponibles?

Canales para todos los ministerios; imagínese lo que hará el IESS con un medio público.

Es decir, Ramiro González tendrá partido político y canal de televisión propios...

Y radio propia, con la opción de tener repetidoras en todo el país. Pero claro, para el presidente Correa es una aberración que existan medios privados porque buscan el lucro, cuando lo que quiere es un Estado que tenga un monopolio y él convertirse en el único actor de comunicación del país.

¿Para eso es esta ley?

De esta ley depende que el Ecuador conserve el último vestigio de democracia que le queda.

¿Y este último vestigio depende de 17 asambleístas ‘independientes’ que no saben todavía cómo votar ?

Esa podría ser la tragedia.

¿El futuro de nuestra democracia depende de Guillermina Cruz, de Fernando Vélez, de Alfredo Ortiz?

Así de grave es que asambleístas vendan por unas prebendas minúsculas la libertad de pensar.

¿La libertad de expresión depende de las decisiones políticas que tome el grupo Unidos por Pastaza del asambleísta Henry Cuji?

La única vía es el archivo.

¿Cuál es la responsabilidad de Fernando Cordero?

Él podría convertirse en el Torquemada del siglo XXI o sepultar su futuro político. El oficialismo tiene la posibilidad de impulsar una ley democrática. Solo se les pide firmar un compromiso para no dar paso al veto del Ejecutivo.

La oposición tampoco ha tomado una sola decisión.

Y me preocupa. Si no hay una posición unánime se corre el riesgo de que se apruebe esta ley, y como ha sucedido con tantas otras, Correa terminará imponiéndose con su veto. El escenario está clarísimo, así que nadie puede poner la cara de tonto.

¿Su mensaje es a la oposición o a los ‘independientes’?

A todos. Tenemos que defender los derechos de quienes nos eligieron. Tenemos que entender que la libertad no se negocia y peor por prebendas individuales.

¿Y si la ley pasa?

La vocación de libertad de un país no se cambia por una ley. Pero talvez sí lo harán los que se dejen imponer las leyes o los que se venden por prebendas.

HOJA DE VIDA
César Montúfar
Su experiencia.  Académico  y politólogo. Asambleísta de Pichincha   por el movimiento Concertación y una de las figuras que ha liderado el debate de  la Ley de Comunicación dentro de la Legislatura.   
Su punto de vista. Propone el archivo de la ley de medios como una única opción de evitar el supuesto plan del Gobierno por controlar la comunicación. Pide a los asambleístas no negociar su voto en esta ley tan importante.

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