6 de junio de 2017 20:17

Asambleísta solicita llamar a consulta popular para destituir autoridades designadas por Cpccs

Wilma Andrade fue electa asambleísta para el período 2017-2021. Foto: Armandro Prado / EL COMERCIO

Wilma Andrade fue electa asambleísta para el período 2017-2021. Foto: Armandro Prado / EL COMERCIO

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Redacción Política
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La asambleísta por Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade envió un documento al presidente Lenín Moreno; al titular de la Asamblea, José Serrano y a Alfredo Ruiz, Presidente de la Corte Constitucional, para solicitar que se llame a una consulta popular para destituir a las autoridades designadas por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

La propuesta de Andrade es que luego de la destitución se convoque a nuevos concursos de las autoridades que conforman la Función de Control Social y Transparencia, especialmente, en el caso de la Contraloría General del Estado. En el artículo 104 de la Constitución de la República se estipula que el Presidente de la República puede convocar a consulta popular sobre los asuntos que considere conveniente y en eso se basa la Legisladora para el pedido.

La solicitud de la asambleísta es una iniciativa por el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht. De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la empresa brasileña habría pagado USD 33.5 millones a funcionarios del Gobierno ecuatoriano en coimas. En las investigaciones se incluyó el allanamiento a la casa del contralor Carlos Pólit, en Guayaquil. El funcionario está en Miami, por una licencia médica.

En el documento enviado, Andrade también solicitó que se incluya el pedido de renuncia inmediata de todos los funcionarios de Gobierno que estén vinculados directa o indirectamente en los informes de la Procuraduría General de Brasil, en la investigación que lleva el Departamento de Justicia de los Estados Unidos o en cualquier otro proceso internacional o nacional en contra de la constructora brasileña Odebrecht.

Andrade solicita la debida investigación y el inicio de procesos legales por parte de la Fiscalía General del Estado en contra de los implicados directos o indirectos señalados.

La también presidenta de la Izquierda Democrática expuso que una de las propuestas anticorrupción del plan de Gobierno del partido que promovió la candidatura del general Paco Moncayo consistía en la muerte cívica de autoridades corruptas para que no vuelvan a desempeñarse en el sector público. También se contemplaba la figura del informante cívico. La idea era que la identidad del ciudadano que denuncie actos de corrupción quede en el anonimato.

El bloque oficialista y el de oposición también han presentado otros pedidos respecto al caso Odebrecht, en contra del contralor Pólit, además de propuestas de comparecencia del fiscal general Carlos Baca Mancheno, para que informe el estado de la investigación, y del vicepresidente Jorge Glas, por haber estado a cargo de los sectores estratégicos en el Gobierno pasado. Este último pedido fue negado dos veces la tarde de este martes 6 de junio del 2017, en el Pleno de la Asamblea.

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