20 de agosto de 2017 00:00

La planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto registra hundimientos de suelo

La planta de Bajo Alto, que produce gas natural para empresas de tres ciudades, fue inaugurada en noviembre de 2011; ahora se deben hacer más reparaciones. Foto: Flickr/ Ministerio de Hidrocarburos.

La planta de Bajo Alto, que produce gas natural para empresas de tres ciudades, fue inaugurada en noviembre de 2011; ahora se deben hacer más reparaciones. Foto: Flickr/ Ministerio de Hidrocarburos.

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Mayra Pacheco, Giovanny Astudillo y Bolívar Velasco (I)

A menos de seis años de su inauguración, la planta de licuefacción de gas natural de Bajo Alto presenta problemas. El terreno de este complejo, que abastece con gas natural a varias industrias de Cuenca, Guayaquil y Quito, cede tres centímetros al mes.

A esto se suman otros problemas que no permiten operar a la capacidad que establece el diseño. Según el Ministerio, la planta fue construida para procesar 200 toneladas métricas diarias, pero actualmente entrega 120, es decir, un 40% menos de su capacidad.

Carlos Pérez, ministro de Hidrocarburos,
tras la visita que realizó a esta planta el jueves pasado(17 de agosto de 2017) , informó que Bajo Alto demandará de una inversión adicional para repararla.

No intervenir en este complejo representa un riesgo. Además, su paralización afectaría la producción de las industrias que emplean gas natural en sus procesos.

Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, mencionó que al menos 10 industrias del país realizaron inversiones para reemplazar los combustibles fósiles (GLP y diésel) por gas natural en sus procesos.
Por esto, esperan que cuando las autoridades decidan intervenir en Bajo Alto se tomen las medidas necesarias para contar con reservas que permitan abastecer a las industrias. En el país no hay otro proveedor de gas natural.

Para los empresarios, volver a utilizar los combustibles que se empleaban antes implicará un costo adicional.

Fernando Santos, exministro de Energía, explicó que el precio de un barril de diésel está actualmente en USD 65, mientras que el equivalente de gas natural está en 18.

Por su parte, Pérez consideró que es importante que la Contraloría audite, aparte de Bajo Alto, el Poliducto Pascuales-Cuenca, el proyecto Monteverde-El Chorrillo y la Refinería de Esmeraldas para determinar responsabilidades. En esta última se necesitará invertir, al menos, USD 400 millones para la unidad principal, pero registra problemas en otras áreas.

La obra está retrasada y aún no tiene financiamiento en firme

La Refinería del Pacífico debía operar en el 2013, luego se postergó para el 2017, más tarde para el 2018 y ahora no tiene fecha. Debía procesar 300 000 barriles diarios de crudo. El proyecto arrancó cobijado por Petroecuador y Petróleos de Venezuela; estaba pensado para que el país reduzca sus importaciones de combustibles para atender la demanda interna.

Las obras empezaron en el 2012 con el desbroce del bosque seco húmedo de la comunidad rural de El Aromo, entre Manta y Montecristi. A la par, se inició el adecentamiento del terreno a cargo de la brasileña Odebrecht. Desde entonces se han ejecutado siete proyectos en los últimos nueve años. Entre ellos: ingenierías, estudios, asesorías, administración del proyecto, responsabilidad social, compra de terrenos, indemnizaciones y la construcción del acueducto La Esperanza, vías y campamentos.

Actualmente la obra está paralizada por la búsqueda de financiamiento del Gobierno central, sin embargo, se encuentra en una fase denominada preoperacional.

De acuerdo con un informe financiero de la Contraloría General del Estado practicado a la Refinería del Pacífico, en el 2014, el avance físico acumulado de la obra en ese año fue de un 8,8%.

Fallas constructivas y un litigio legal son dos de los problemas

En el 2013 empezó la construcción del Poliducto Pascuales-Cuenca para transportar combustibles. Petroecuador firmó un contrato con Odebrecht por USD 369,9 millones y con un plazo de 700 días (un año y 11 meses). Es decir, debía concluir a finales del 2015, pero aún no ha sido inaugurado.

El poliducto recorre 210 kilómetros desde Pascuales (Guayas) hasta Cuenca (Azuay). En el proyecto se contempló la construcción de las terminales de La Troncal (Cañar) y Challuabamba (norte de Cuenca) y las estaciones de bombeo de Pascuales, El Chorillo, La Delicia, Ducur y Charcay.

Petroecuador mantiene un litigio legal por USD 150 millones con la firma Caminos y Canales (Caminosca), por el incremento en el costo del poliducto. Esta firma elaboró el estudio de ingeniería básica y de detalle de este poliducto. En el proceso judicial, Petroecuador señaló que hubo un aumento en el costo de la obra “atribuibles a la responsabilidad de Caminosca” por “deficiencias en estudios de ingeniería”.

En el diagnóstico del sector Hidrocarburífero se dice que hay problemas y fallas constructivas, deterioro prematuro de planta, no funciona el sistema automatizado de despacho, entre otros.

El muelle de este proyecto corre el riesgo de colapsar

El estado del proyecto Monteverde-El Chorrillo, que distribuye gas licuado de petróleo (GLP) a la zona centro y sur del país, tiene al menos tres falencias.

En este complejo, que fue inaugurado en junio del 2014, no se habrían tomado medidas para proteger las bases del muelle del agua salada del mar. Esto representa un riesgo porque el complejo podría colapsar y afectar el suministro de gas para el país.

Esto representa, según el Ministro de Hidrocarburos, pérdidas económicas para el país, porque esta planta no opera de manera óptima.

Además, según Fernando Santos, exministro de Energía, el proyecto fue sobredimensionado, porque se lo hizo cuando el Gobierno impulsaba una política para reemplazar este derivado por electricidad. Y, aparte, la importación de gas es mínima. En promedio esta representa el 10% de todos los derivados.

Luis Calero, analista petrolero, agregó que antes de que el Estado invierta en la reparación de este proyecto se debe exigir a las empresas responsables su reparación amparados en la normativa.

El Ministro informó que se ha conversado con las empresas que hicieron estas obras, incluso con las fiscalizadoras, porque se han encontrado informes incompletos.

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