7 de November de 2014 20:46

Control a lasinvasiones es constante en 11 provincias

En la urbanización Maya, la Policía Municipal de Santo Domingo desalojó una invasión. Foto: Juan Carlos Pérez / El Comercio.

En la urbanización Maya, la Policía Municipal de Santo Domingo desalojó una invasión. Foto: Juan Carlos Pérez / El Comercio.

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Ivette Viña y Juan C. Mestanza 
ecuador@elcomercio.com (I)

Las actividades de control a las invasiones continúan en el país. Ayer, más de 60 viviendas de caña fueron derrocadas en Durán (Guayas), en una acción conjunta entre el Municipio y la Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares (Stpahi).

Dentro de un plan de legalización, un centenar de familias fue notificada de que debían derribar sus casas, luego de un censo municipal. Además, que se encuentran en una zona de riesgo para los habitantes.

Maquinaria y policías llegaron a la Cooperativa 12 de Agosto, en El Recreo. Este proceso se extenderá a otras zonas de Durán donde se ha intervenido en 23 de 41 asentamientos. 24 están en zonas de riesgo.

La meta de la Secretaría Técnica es que Ecuador sea un país libre de traficantes de tierras en el 2017. Y para aquello continúan en las acciones para evitar nuevos asentamientos, con el apoyo de los patrullajes de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Esta última cuenta con la Unidad Especial de Seguridad Sinaí. Tienen 600 miembros y su objetivo es precautelar la zona de 9 325 hectáreas del área de reserva y seguridad del complejo hídrico Santa Elena, para que entren los invasores.

Como resultado del monitoreo, las notificaciones de desalojo en Guayaquil se activan de manera constante.

Las últimas acciones de desalojo se dieron en Monte Sinaí. Allí, varias familias desalojadas el año anterior habían levantado nuevamente 16 casas.

Julio César Quiñónez, secretario técnico de la Stpahi, explicó que una casa la construyen en una noche. “Contra eso no podemos competir, pero no podemos permitir que le gente luego venga y se asiente”.

Los delitos de estafa y fraccionamiento de tierras, por los que están procesadas más de 100 personas, abarcan 4 000 hectáreas y se extienden por lo menos a 11 provincias.

Una de ellas es Santo Domingo de los Tsáchilas. Allí se vende de forma ilegal lotes en zonas periféricas de la ciudad por parte de traficantes de tierras.

Se estima que 2 000 familias adquirieron sus predios de esta forma desde hace más de 20 años, según el Cabildo.

Además de la problemática por la comercialización de estos predios, hace cinco años las familias son desalojadas ante la aparición de nuevos propietarios, a quienes les vendieron el mismo terreno.

A mediados de marzo del año pasado “un señor llamó a la puerta” de una casa en la Cooperativa Santa Martha. Eliana F. atendió su llamado. Esa persona le ofreció la “oportunidad de su vida”: la venta de un terreno de 200 metros en la vía Bellavista. “Se aprovechó de que yo vivía de arrimada en casa de mi hermana. Yo solo quería construir una casita”, dice.

Esta mujer se enteró hace cinco meses que su terreno también fue vendido a otra persona. “Me dijeron que tenía que salir en una semana de mi casa, porque ese predio era de otra familia. Tengo miedo de denunciar, porque me puedo quedar sin el lote”.

Las denuncias de estos casos son escasas debido a que la mayoría de compradores teme que los vendedores tomen represalias. Según la Fiscalía, en lo que va del año existen 15 denuncias de este tipo de delito. 

Para frenar la venta ilegal de terrenos, el Cabildo emprendió acciones a través de dos estrategias. La primera consiste en la legalización de tierras, al que se acogieron los moradores de más de 100 invasiones,según la responsable del proyecto, Narcisa Cañizares.

El segundo plan consiste en controles a nuevas invasiones. Las estructuras que se levantan son derrocadas. De esta forma evitan la proliferación de más estafas en la comercialización de predios y la conformación de más asentamientos.

Hasta la fecha, en Santo Domingo se han destruido 11 casas en sitios como Santa Martha, Cristo Vive, Plan de Vivienda...
Como ocurre en otras urbes, los habitantes de zonas desalojadas en Guayaquil viven en zozobra y esperan que se defina su situación.  

Aparicio Parrales no fue desalojado en la Cooperativa Thalie Toral, pero aún no sabe si va a ser o no reubicado.
Al igual que Leonor Macías, moradora de Voluntad de Dios, quien también clama por seguridad. “Por aquí no se ve a la Policía ni a los militares. La semana anterior se me metieron a la casa y me robaron”.

En contexto

Desde diciembre del 2011 se realizan controles a las invasiones en Guayaquil, luego de que se declarara área de seguridad al canal de trasvase. Este año el Municipio y el Gobierno iniciaron un plan de legalización de varias cooperativas surgidas como asentamientos irregulares.

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