Un delegado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) concluyó que el Estado no debe nada a la entidad en el tema de salud. El informe fue remitido a la Contraloría, la cual pidió una aclaración.
Aunque el Gobierno ha desconocido la deuda con el Seguro Social en atenciones médicas, el tema sí era una preocupación de la Contraloría.
Un examen especial de febrero pasado efectuado por este organismo a la deuda del Gobierno con el IESS señala que los compromisos del Fisco para el pago de prestaciones de salud no se han cumplido, pese a que así lo fijó un convenio de pago firmado en abril del 2012 entre Finanzas y el IESS.
Y esto no se ha cumplido -anota- por la falta de acuerdo entre las partes para fijar el monto adeudado entre 2002 y el 2011, “ocasionando que el IESS no recupere valores que le permitan mejorar la inversión en el área d e salud”. El ente recomendó al IESS que solicitara a Finanzas la designación de una comisión para establecer los valores adeudados por este concepto y su forma de pago.
De hecho, con oficio del 9 de marzo pasado dirigido a Finanzas y a fin de cumplir el pedido de la Contraloría, el entonces director del IESS, José Martínez, informó que la Cartera adeuda, por concepto de prestaciones médicas a los jubilados, USD
1 875,8 millones, acumulados entre el 2006 y el 2014. Pese a ello, el 9 de julio, el actual director del IESS, Camilo Torres, remitió a la Contraloría un informe elaborado por una comisión integrada por un delegado del IESS y otro de Finanzas, cuya conclusión dice: “No existe deuda u obligación que se haga exigible por la falta o vigencia de un Reglamento a la Ley de Seguridad Social”.
La respuesta, sin embargo, no dejó tranquila a la Contraloría que pidió al titular del Consejo Directivo del IESS, Richard Espinosa, varias aclaraciones.
En un oficio fechado el 15 de septiembre pasado, el subcontralor del organismo, Pablo Celi, consultó a Espinosa si el Consejo Directivo, máximo ente de regulación del IESS, conoce el informe de la mencionada comisión y si se ha pronunciado respecto de las conclusiones de dicho delegado.
Dudas de Contraloría
Otra inquietud de la Contraloría es que “cualquier decisión que comprometa al Instituto no puede provenir simplemente de un delegado, independientemente del alcance de la delegación referida”.
Además, le llama la atención que la designación de ese funcionario no la realizara el Consejo sino el Director encargado del IESS de ese entonces.
La designación se hizo mediante memorando, fechado el 8 de abril del 2015, “el cual -cabe señalar- no posee numeración alguna”, dice el Subcontralor.
Y dijo que “el cumplimiento de las recomendaciones, conforme establece la Ley de la Contraloría, se verificará en una próxima acción de control”. Pero sin perjuicio de eso, la Contraloría exhortó a Espinosa a arbitrar las medidas pertinentes “en cautela de la legalidad de los intereses de la entidad que representa”.
El presidente Rafael Correa ha insistido varias veces en que cumplir el aporte para el IESS sobre salud exigía un reglamento, “que nunca existió… La obligación de pago no existe”.
Espinosa dijo el lunes pasado que esta “supuesta deuda” no se puede cobrar porque “ni siquiera hay reportes de las atenciones … Eso no existe y lo hemos dicho en innumerables ocasiones”. Además dijo que ya no se puede cobrar a futuro porque eso ya se eliminó a través de una reforma.
“El problema no es que el Estado te dé más plata. Es ineficiencia del IESS, seamos claros. Ahora nos estamos ajustando para ser eficientes”.
El vocal de los empleadores, Felipe Pezo, precisó que el Consejo Directivo no ha conocido del informe “de ninguna comisión interinstitucional”.
“Estamos investigando qué funcionario de cuarto nivel pudo haberse atrevido a firmar algo en contra de la Ley, sin conocimiento del Consejo Directivo”. Cuestionó que el delegado del IESS no fuera nombrado por el Consejo Directivo.
Pezo indicó que ha insistido en reiteradas ocasiones que se conozca en sesión de Consejo el estado del cobro de la deuda y explicó que el IESS sigue dando cobertura de salud a jubilados, pero la Ley dice que es con cargo al Estado, lo cual no se ha reformado. Además, dice que “un decreto de enero de este año, firmado por el Presidente, dice que mientras el IESS no genere el fondo para enfermedades catastróficas serán con cargo al Ministerio de Salud”.
El seguro de salud atraviesa por una “grave situación financiera”, según el propio IESS, lo que llevó la semana pasada al Consejo a redistribuir el aporte para dar menos dinero a pensiones y más a salud. La decisión se tomó con los votos de Espinosa y el vocal de los afiliados, Luis Clavijo.
Puntos de vista
En convenios se reconoció deuda
Omar Serrano, exrepresentante de los afiliados al Banco del Afiliado (Biess)
El Gobierno debe al IESS más de USD 1 875 millones por gastos de atención a jubilados y enfermedades catastróficas acumulados desde el 2006. En varios convenios, el Gobierno ha reconocido el concepto de la deuda y la necesidad de trabajar conjuntamente para determinar el reglamento y las tarifas, lo que hasta la fecha no ha sucedido. Es inaudito que sea el propio Director del IESS quien, sin autorización del Consejo Directivo, le diga oficialmente al Contralor que la deuda no es exigible por la falta de un reglamento. El Director está para defender los intereses y no para perjudicar al IESS declarando incobrable un valor que requiere urgentemente el IESS para paliar su oneroso déficit operativo en salud.
‘La deuda no ha desaparecido’
Carmen Corral, exintendenta de Seguridad Social de la Súper de Bancos
La deuda del Estado con el IESS está en varios documentos firmados por este Gobierno. Entre ellos, convenios del 2008 y del 2010. Eso no puede desaparecer. Es un atentado contra los afiliados. Tendrá un impacto en el fondo de salud y justamente por la grave crisis de este fondo se está queriendo echar mano del fondo de pensiones. No es posible desde el punto de vista legal y técnico que desaparezca la deuda con Salud. Está en muchos documentos y en innumerables reclamos del IESS. No se entiende cómo es que en marzo del 2015 el IESS dice que hay una deuda y luego se dice que ya no hay. Desde lo legal, los artículos 10 y 103 señalan que es el Estado el que debe responde por esas atenciones médicas.