14 de marzo de 2017 20:00

El papel del Estado en la economía diferencia a las dos candidaturas

Áreas estratégicas son prioritarias para AP; la economía libre es la base para Creo. Fotos: EL COMERCIO

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César Augusto Sosa

La propuesta de Alianza País en el 2007 fue transformar radicalmente el país, recuperar el Estado, reactivar la producción, aplicar salarios dignos, generar empleo para jóvenes, una inserción inteligente en el mundo, potenciar el mercado interno, soberanía alimentaria, redistribución de la tierra, buen vivir.

El denomminador en todas esas propuestas fue el papel del Estado, sea como regulador o como ejecutor de obras. Al declararse varios sectores como estratégicos, el Estado asumió el manejo directo de la electricidad, el petróleo o las telecomunicaciones, lo cual implicó grandes inversiones en esos sectores.

Inicialmente los recursos provinieron de los fondos petroleros ahorrados en anteriores gobiernos, de las exportaciones de petróleo y de una mayor recaudación de impuestos, producto de una combinación de mejor gestión y mayores tasas impositivas.

El inicio del Gobierno coincidió con un período de altos precios del crudo: USD 60 por barril, el doble de lo que había registrado el país desde el inicio de la dolarización. Y alcanzó su máxima cotización en el 2012, cuando bordeó los 100.

Con mayores recursos, el Régimen pudo emprender en grandes obras de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, escuelas, hospitales, puentes, etc., lo cual dinamizó la construcción, el comercio y el consumo en general, gracias a la mayor inversión pública.

El peso del gasto público en la economía pasó del 24% en el 2006 al 44% en el 2013, lo cual era insostenible, como en efecto sucedió cuando el precio del petróleo empezó a caer.

Durante el período de bonanza también se pudo aumentar los sueldos en la burocracia, contratar más personal y aumentar el número de instituciones públicas. El salario básico en el sector privado creció a una tasa promedio del 11% hasta el 2012 y siempre por encima de la inflación.

La apertura comercial quedó en un segundo plano, debido a que la bonanza económica le permitió al Régimen concentrarse en el mercado interno, limitar las importaciones para proteger la producción nacional y la salida de dólares, además de postergar la firma de un acuerdo de libre comercio, debido a diferencias internas.

El escenario cambió desde el 2014, cuando el precio del petróleo empezó a caer y el Gobierno emprendió un endeudamiento agresivo para mantener el nivel de gasto público. El efecto fue una caída en la inversión pública y la actividad económica.

Las propuestas de los candidatos

El oficialismo propone un Estado que siga participando en las áreas estratégicas de la economía y que facilite la transformación productiva, el emprendimiento y el empleo de calidad, con diálogo permanente y acuerdos con todos los sectores de la sociedad ecuatoriana y con el sector privado.

Las funciones indispensables del Estado son salud, educación, seguridad y defensa y justicia, donde se ubicó “el 97% de los servidores públicos que ingresaron el Gobierno Nacional desde 2006”, según Alianza País. “No realizaremos recortes, garantizaremos estabilidad a los servidores públicos y les ofreceremos sistemas permanentes de capacitación y mejoramiento profesional”.

También propone reformas para lograr un Estado más eficiente, con más calidad en los servicios públicos, simplificación de tramitología.

Por su parte, Creo propone reactivar el aparato productivo basado en principios de una economía libre y competitiva bajo un Estado de Derecho, con reglas claras y un Gobierno facilitador de oportunidades para todos. “De esta forma dinamizaremos el ahorro, la inversión privada y el consumo de los hogares para crecer a tasas del 5% anual a partir del 2021 de manera sostenida”, señala el plan de Trabajo de Creo.

“Queremos un Ecuador justo, próspero, y solidario. Proponemos un modelo de desarrollo abierto, que permita a los ecuatorianos vivir y producir tranquilos. No creemos en un Estado controlador, creemos en un Estado veedor que cumpla su rol fundamental de proteger a los sectores más vulnerables. Un Estado que debe prevenir y sancionar abusos pero debe hacerlo sin desconocer los legítimos anhelos personales de estudiantes, padres, emprendedores, artistas, de todos los ecuatorianos”.

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