15 de julio de 2016 15:11

Juez ordena embargar USD 5,7 millones a la hija de los Kirchner

La Fiscalía argentina investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles de la que Cristina Fernández es accionista. Foto: Archivo AFP

La Fiscalía argentina investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles de la que Cristina Fernández es accionista. Foto: Archivo AFP

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Agencia EFE

El juez argentino Julián Ercolini ordenó hoy, 15 de julio del 2016, embargar un total de 5,7 millones de dólares de cuentas y cajas de seguridad de Florencia Kirchner, hija de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en una causa que investiga a la empresa familiar Hotesur, informaron hoy fuentes judiciales.

En la noche del jueves, un operativo ordenado por Ercolini en la casa central del Banco de Galicia, en Buenos Aires, culminó con la apertura de cajas de seguridad atribuidas a Florencia. La Fiscalía confirmó la existencia de 4,66 millones de dólares.

Una vez que Ercolini decidió esta semana identificar y fajar las cajas para que no pudieran ser abiertas, la propia Florencia, de 26 años, había pedido a través de su abogado que fueran abiertas "con premura" al no tener nada que ocultar y para evitar que "continuara el show mediático" alrededor del tema.

Se identificó además una caja de ahorros con 1,03 millones de dólares y otra con 53 280 pesos (3 621 dólares), señaló el juez en su resolución, divulgada por el Centro de Información Judicial.

El magistrado tomó la decisión de embargar esa sumas tras una solicitud de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.
Ercolini investiga presuntas irregularidades en la firma Hotesur, una administradora de hoteles de la que Fernández es accionista.

En su dictamen, los representantes del Ministerio Público señalaron que la causa busca determinar si los expresidentes y sus hijos Florencia y Máximo resultaron beneficiarios en forma "sistemática y coordinada" de los pagos que los empresarios "favorecidos" por el Estado "habrían realizado a favor de ellos".

"Vía el alquiler de los complejos hoteleros de su propiedad y la falsa contratación de habitaciones, lo que les habría permitido, valiéndose de un entramado societario, otorgarle carácter legítimo al dinero obtenido -en gran medida- a través de la ilícita concesión de obra pública en perjuicio del erario público", añaden.

Asimismo, los fiscales sostienen que el pedido de embargo se sustenta "no solo en que la nombrada tendría una comprobada participación" en el entramado societario, que se habría utilizado "para canalizar fondos de procedencia ilícita".

"Sino que a ello se debe sumar que -cuanto menos- parte del dinero hallado en su esfera de custodia se lo habrían proporcionado, en diferente carácter y circunstancia, sus progenitores", remarcan.

Ercolini, en su resolución, añade que "no debe perderse de vista (...) que se han advertido maniobras que, en principio, podrían compatibilizar con aquellas encaminadas a consolidar el producido del ilícito investigado en autos".

Concretamente, que las cajas de seguridad a nombre de Florencia se abrieron "solo cuatro días hábiles" posteriores a que su madre fuera convocada por el juez Claudio Bonadio a prestar declaración indagatoria el pasado 7 de julio, en el marco de la causa conocida como Dólar Futuro.

Ese día Bonadio ordenó congelar las cuentas bancarias de Fernández hasta que aceptase el embargo por 15 millones de pesos (un millón de dólares) que se le fijó al ser procesada en esa causa, que investiga la venta de futuros de dólar en el Banco Central durante su mandato.

El caso Hotesur se abrió a raíz de una denuncia presentada en noviembre de 2014 por la diputada opositora Margarita Stolbizer, quien acusó a Fernández y a otros altos cargos del Gobierno de presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en la gestión de la empresa.

Stolbizer aseguraba que el Hotel Alto Calafate, un establecimiento de lujo situado en la villa turística de El Calafate (sur), podría ser un alojamiento "fantasma" usado en su momento por el matrimonio Kirchner para hacer supuestos negocios irregulares junto al empresario Lázaro Baez.

En medio de esta situación, Fernández denunció la semana pasada a la legisladora y al juez federal Claudio Bonadío por "tráfico ilícito de información", poco después de que Stolbizer pidiera a la Justicia que investigara presuntos movimientos irregulares en las cuentas de la anterior jefa de Estado.

Sin embargo, el pasado 11 de julio, Fernández aseguró, en escritos presentados ante la Justicia, que "no hubo ningún movimiento sospechoso en sus cuentas bancarias" y rechazó los cargos contra ella por presunto enriquecimiento ilícito, según confirmaron fuentes del caso a Efe.

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