En el páramo de la parroquia Pulahuín, en Tungurahua, hay un cerco levantado con especies nativas que se sembraron durante este año. Foto: Raúl Díaz para EL COMERCIO
Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo, Bolívar y Loja lideran las iniciativas de remediación para reducir los efectos de la deforestación y la contaminación del agua. Así lo señala el último Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), con datos del 2016.
El hecho de que estos territorios registren altos índices de afectaciones de este tipo va de la mano con las acciones de remediación. La reforestación es la principal acción y Chimborazo tiene la mayor superficie.
Esta provincia está entre las jurisdicciones más afectadas, debido a la deforestación y a la erosión. Ante esta realidad se ha logrado conservar y recuperar 18 594 hectáreas de bosques y páramos, entre el 2013 y lo que va del 2017.
“Logramos generar conciencia, ya que uno de los problemas en la provincia eran los incendios forestales en los páramos. Este año tuvimos menos en relación con el 2016, cuando perdimos 2 000 hectáreas”, cuenta Marcelo Pino, director provincial del Ministerio del Ambiente.
En Chimborazo se pusieron en marcha proyectos como Socio Bosque, que consiste en la entrega de incentivos a los propietarios de las tierras que deben ser protegidas por ser sitios de recarga hídrica. Entre el 2013 y el 2017 se firmaron 127 convenios de conservación.
Estos proyectos también se han emprendido en Tungurahua. Ahí, por ejemplo, está la franja de seguridad ambiental que se construyó en cuatro comunidades indígenas de la parroquia Pilahuín, ubicada al sur de Ambato.
Comuneros y técnicos del Ministerio del Ambiente y la Prefectura de Tungurahua sembraron 350 000 árboles de polylepis a 3 800 metros sobre el nivel del mar, que servirán para delimitar la frontera agrícola y ganadera.
Esta franja permitirá recuperar el agua en algunas comunas que se están quedando sin líquido, según Alejandro Tamaquiza, presidente de la Junta Parroquial de Pilahuín.
Las iniciativas de conservación en Tungurahua se iniciaron con la construcción de los embalses Mulacorral y Chiquiurco, en el 2002.
Tamaquiza indicó que para mejorar la calidad de vida de los habitantes asentados cerca del páramo se realizó un estudio para saber cómo viven y cuáles son sus necesidades. Con esa información se implementaron 24 planes de manejo de páramos para intervenir en 306 000 hectáreas para proyectos productivos.
En estos planes que se aplicaron desde inicios de este año se han invertido cerca de USD 1,5 millones, afirmó el director de Recursos Hídricos y Conservación de la Prefectura, Carlos Sánchez.
Pero a las autoridades también les preocupa la contaminación del agua y el tratamiento de desechos. En Tungurahua funcionan cerca de 1 500 fábricas donde se tintura ropa, vulcanizadoras, curtiembres y otras industrias cuyos desechos llegan a los ríos Ambato, Cutuchi y Patate.
Desde la semana pasada, el Gobierno Provincial ya tiene las competencias para controlar, regular y sancionar las operaciones industriales y emitir los permisos ambientales.
La contaminación de los ríos es la afectación ambiental más grave que se presenta en Santo Domingo de los Tsáchilas.
De las 31 microcuencas que tiene la provincia, 30 tienen algún tipo de contaminación. Según la Dirección Provincial de Ambiente, se han encontrado 19 agentes contaminantes como coliformes fecales, grasas, hierro, aluminio, entre otras.
Ivanova Ortega, directora del Departamento de Ambiente de la Prefectura, dice que esto se debe a la falta de alcantarillado, malas prácticas ganaderas y a los cultivos que se siembran muy cerca de los ríos.
Ortega señaló que entre el 2016 y el 2017 se han registrado cinco procesos sancionatorios por contaminación en los ríos y otros 14 están en trámite.
Para contrarrestar estas afectaciones y la deforestación, ya se aplica un proyecto de reforestación que también ayudará a frenar la contaminación en los ríos. Desde el 2009 hasta el 2017 se han reforestado 1 200 hectáreas en la provincia. Solo en el 2017 se han sembrado cerca de 50 000 plantas, que se cultivan en un vivero.
Loja también está entre las provincias con importante afectación ambiental por incendios forestales, agua y actividades mineras. Pero la zonal 7 del Ministerio del Ambiente trabaja desde el año anterior en cuatro áreas para enfrentar estas problemática.
El primero fue realizar capacitación en concienciación ciudadana y prevención con los estudiantes de los centros educativos y comunidades asentadas en las zonas más vulnerables, técnicos de los municipios, militares, bomberos y Gestión de Riesgos.
El segundo tema es el control con guardaparques en áreas y bosques protegidas. El año pasado se registró un incendio forestal en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus, donde se perdieron dos hectáreas.
Este parque y los bosques secos de Macará y Zapotillo están protegidos con guardaparques que hacen de anillos de seguridad para alertar sobre cualquier eventualidad. Según Vladimir Placencia, este año no se han ocurrido quemas en las áreas protegidas.
Para restaurar los ecosistemas afectados por la deforestación, en enero se cubrió con plantas nativas (guayacán, aliso, cedro, nogal) la zona afectada del área de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpus.
En contexto
Según el Censo Ambiental del INEC, el 46% de los gobiernos provinciales del país estableció mecanismos para prevenir y controlar los incendios forestales en el 2016. Bomberos, Policía, Gestión de Riesgos y otras instituciones están involucrados.