El día lunes 3 de julio de 2017 es y será una fecha a recordar en cada ocasión que autoridades adversas a los Tratados Internacionales, la Constitución y los principios de la libertad de expresión, propongan juicios contra periodistas y empresas, con el propósito de callarlos u obtener millones de dólares a título de reparaciones. Nos referimos al caso del periodista Martín Pallares, declarado inocente en un juicio propuesto por el Presidente en funciones Rafael Correa y resuelto cuando ya no es.
No olvidemos que por una artículo de opinión que no fue de su agrado, propuso juicio contra diario El Universo, sus dueños y el periodista, en el cual un llamado “Juez”, de Guayaquil, Juan Paredes, condenó a pagarle nada menos que USD 40 millones. Era tan absurdo, que el propio acusador disculpó la millonaria multa. Demandó también a un banco y los jueces le concedieron USD 600 mil por indemnización.
En la lista se puede recordar al Dr. Carlos Figueroa, al periodista Fernando Villavicencio y otros más.
Mientras el ex Presidente zahería, insultaba, ofendía a tánto ecuatoriano no solo cada sábado sino en cada ocasión, a quien se atrevía a hacerle un signo que él consideraba indecente, le esperaba la cárcel.
El COMERCIO el 27 de marzo del 2010 publicó 75 adjetivos del Presidente, entre ellos: estúpido, idiota, ignorante, imbécil, basura, puerco, perro, mujer nefasta, lelo, cara de estriñido, caretuco, chiflado, cloaca con antenas, enano fachín, fantoche, gallinazos, ladinos, locos furiosos, momias cocteleras, vende patria, periodistas semi ignorantes.
En la tarea controladora, los legisladores gobiernistas aprobaron la Ley Orgánica de Comunicación. Bajo sus normas, condenaron a cuanto medio de comunicación y periodista publicaba o difundía álgo que no agradaba al gobierno o a los funcionarios de la Superintendencia de la Información.
Usaron y abusaron tánto que, en pleno proceso electoral, un periódico argentino había publicado nota contra el candidato Guillermo Lasso. El único que se interesó, en la sabatina del 25 de marzo había expresado que está esperando que saque algo la prensa independiente. A la voz del Presidente, se puso en marcha la maquinaria de publicidad y propaganda del gobierno. El 27 del mismo mes apareció un Colectivo “Observatorio Ciudadano por una Comunicación de Calidad”, denunciando a los diarios EL COMERCIO, El Universo, La Hora, Expreso y a las televisoras Ecuavisa, Teleamazonas y Televicentro.
Al siguiente día, calificaron la denuncia y notificaron a los medios para ser juzgados. Y los juzgaron. Y los multaron.
En su primer año, Supercom invirtió en esta tarea persecutoria más de USD 2.5 millones. Tramitó 136 casos y resolvió 50; entre ellos 38 en los cuales impusieron sanciones.