Las escenas espeluznan. En Guayaquil, un hombre mata a su esposa y a sus cuatro hijos (23/11/2016). En esa misma ciudad, Katherine muere apuñalada en el estómago y cuello y la Policía captura a su esposo (03/09/2016). Galo N. también es arrestado e indagado por el crimen de su pareja en Ambato (26/12/2016).
Al comenzar el año, otro hecho: Geoconda Sellán es asesinada con 12 puñaladas y los agentes buscan a su pareja sentimental.
La primera hipótesis de los investigadores es que en estos casos se produjo un femicidio y el tema inquieta. En noviembre, cuando se recordaba el Día para eliminar la violencia contra la mujer, la Cedhu reveló que en 11 meses del 2016 hubo 80 casos de femicidios en 16 provincias. Otro dato: en 15 de esos hechos el responsable se suicidó.
¿Qué hacer? El 10 de agosto del 2014 ya se incluyó en el Código Penal (art. 141) la figura de femicidio e interpuso una pena de 22 a 26 años para quien mate a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.
Con esto se ajustó la medida punitiva. Pero ¿qué sucedió con la prevención? Cuando se reporta una agresión los jueces ordenan que el procesado se someta a una terapia de rehabilitación. En enero del 2016, este Diario reveló que, por ejemplo, en Quito solamente hay un centro de ayuda y que en dos años apenas habían llegado 170 hombres que alguna vez golpearon a su pareja. Sin embargo, en el 2015 en Pichincha hubo 15 684 quejas por violencia de género.
Los policías dicen que un programa a favor de las mujeres es entregar las boletas de auxilio, para que los agresores no se les acerquen.
Pero ellos mismos reconocen que “muchas víctimas” de femicidio tenían una boleta de auxilio vigente al momento de ser atacadas.
Por eso incluso se anunció que las afectadas accederán a un botón de seguridad, para que lo activen si son agredidas y alerten a una UPC.
También está en marcha un plan para usar el brazalete electrónico. La idea es que el victimario no se acerque a la víctima. Toda iniciativa es buena, pero debe dar resultados.