Representantes de la Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil acudieron en esta semana a la Dinapen de la zona 8 y a la Fiscalía de Durán para solicitar que se analice el procedimiento aplicado en este caso de presunto abuso sexual. Foto: Cortesía / Aebi
La Asociación Ecuatoriana de Bienestar Infantil (Aebi) sumó una denuncia dentro del caso del menor de 1 año y 8 meses que fue presuntamente comercializado por su padre con fines sexuales. El hecho ocurrió en esta semana en el cantón Durán, en Guayas.
Agentes de la Dirección Nacional de Policía Especializada en niños, niñas y adolescentes (Dinapen) encontraron en el teléfono celular de Bryan M. Z. mensajes en los que, supuestamente, planeaba entregar a su hijo a Ronald Y. C. a cambio de USD 40. En los chats, este se comprometía “a no hacerle daño”.
Ambos fueron detenidos en un cyber, en una ciudadela de Durán. La Fiscalía abrió una investigación por presunto abuso sexual pero los hombres de 21 años fueron liberados luego de una audiencia.
El psicólogo Christian Arias, presidente de Aebi, presentó varios escritos para pedir a las autoridades que se analice el caso. La denuncia presentada inicialmente por la madre fue retirada debido a que habría indicado que su esposo es el único sustento del hogar. El menor fue entregado nuevamente a sus padres.
Uno de los oficios de Aebi fue presentado ante la Dinapen para esclarecer si se cumplió el debido proceso, en especial en cuanto a las medidas de protección del menor. “Cuando hay una situación de riesgo como esta, aun cuando el abuso no haya ocurrido, las autoridades deben accionar las medidas de protección establecidas por ley. En este caso podían buscar a un familiar que tenga al niño, momentáneamente, o enviarlo a una casa de acogida”, indica Arias.
Por ahora no se conoce el paradero del menor. La sicóloga Paola Cercado, vicepresidente de la asociación denunciante, dice que es necesario esclarecer las condiciones en las que vive el niño e indagar si anteriormente fue víctima de abuso.
“Es un niño que está en etapa de desarrollo, que está tratando de hablar, de caminar. No sabemos cómo es su entorno, pero al tener a este padre perverso, que intenta hacer negocio con él, es un niño que está involucrado en el maltrato, que no es valorado”, asegura.
Los integrantes de Aebi acudieron también ante la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura para solicitar que analice si hubo negligencia. El caso ha pasado por al menos tres fiscales.
La fiscal provincial del Guayas, Patricia Morán, aseguró que todos los implicados serán analizados. “Las decisiones adoptadas por cada uno de los fiscales en investigación son de absoluta responsabilidad; serán oportunamente analizadas”.
Actualmente la investigación está a cargo de la Fiscalía Tercera de Violencia de Género del cantón Durán. Según el artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el delito de abuso sexual se sanciona con prisión de siete a diez años, si la víctima es menor de 6 años de edad.