El pleno del CNE aprobó el 4 de diciembre la lista nacional de Pachakutik y Podemos. Foto: cortesía CNE
Una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) califique las candidaturas de Fuerza Ecuador (FE), con Abdalá Bucaram Ortiz a la cabeza, para la dignidad de asambleístas nacionales, serán 17 las organizaciones políticas que participarán para disputar los 15 escaños que reparte esa dignidad en la conformación del nuevo Legislativo.
Así, con los 15 aspirantes de la lista 10 sumarán 255 los candidatos en esa papeleta, una cantidad que está por encima de la registrada en las elecciones del 2017, cuando fueron un total de 225.
El ente electoral ya había inadmitido la inscripción de los postulantes de FE en dos ocasiones. Bucaram impugnó la negativa ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), organismo que finalmente aceptó el recurso y ordenó que se acepte su inscripción. Ahora el CNE debe conocer la resolución del TCE y calificar.
Uno de los puntos que había justificado el Consejo para rechazar a Bucaram fue que no cumplió con la aceptación personal de su precandidatura, como lo establece la normativa electoral. Para el TCE, en cambio, sí se cumplió aquello frente a un delegado electoral, durante la jornada de elecciones primarias de FE.
Guillermo Castro Dáger, abogado del expresidente, reiteró que sí se cumplió con el requisito de la aceptación el 23 de agosto, pues el reglamento establecía dos formas para hacer las primarias: presenciales y telemáticas. Según Castro Dáger, Bucaram lo hizo de modo presencial, frente a un representante del CNE “por lo que ya no tuvo que ir a Quito”.
El vocal electoral, Luis Verdesoto, explicó que los plazos son claros: tres días para que se ejecutoríe la sentencia, que fue dada a conocer el pasado viernes. Luego, el CNE, dijo, tiene tres días más para reunirse.
“Tenemos que deliberar sobre eso, no solamente es aplicar, hay que deliberar, aquí no se trata de disciplina militar, hay que deliberar ”, aclaró.
¿Qué sucede en lo jurídico con Bucaram? De acuerdo con el TCE, el exmandatario tiene arresto domiciliario, pero no tiene sentencia ejecutoriada, por lo que no se puede impedir su participación, ya que mantiene sus derechos políticos.
Bucaram porta un grillete electrónico, ya que es investigado por presunta delincuencia organizada, por la venta irregular de insumos médicos en la pandemia del coronavirus y por la sospecha de tráfico de bienes patrimoniales.
De acuerdo con el analista político Esteban Ron, una vez que sea calificada la inscripción de Bucaram se aplica el artículo 108 del Código de la Democracia, pues con ello recibirá inmunidad, por lo que no puede ser procesado.
Alejandro Rodas, constitucionalista, afirmó que el CNE deberá notificar a la jueza que lleva el caso de Bucaram para que revoque la medida sustitutiva o la mantenga.
En tanto, la lista de Libertad es Pueblo es la única que continúa en estatus de ‘subsanación’, a pesar de que fue eliminada del Registro de Organizaciones Políticas, también con sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Fernando Balda, primer candidato en esa lista, aseguró que los mantienen “en el limbo”.
Las otras dos listas que salieron de la etapa de subsanación el pasado 4 de diciembre son Pachakutik y Juntos Podemos.
El TCE había fallado a favor de un recurso interpuesto por el coordinador de Pachakutik, Marlon Santi, y Salvador Quishpe, cabeza del listado nacional de la agrupación. El CNE había dejado fuera a Quishpe bajo el argumento de que en el Sistema Único de Pensiones Alimenticias (SUPA) se reflejaba una deuda, lo que constituye una inhabilidad.
En la sentencia, los jueces del TCE reconocen que si bien en ese sistema se pudieron reflejar pagos atrasados, según las pruebas presentadas por Quishpe, estaba al día con las pensiones alimenticias antes del 7 de octubre, cuando terminó la inscripción de candidaturas.
Además, el Pleno del CNE calificó la lista del movimiento nacional Podemos, lista 33, puesto que presentaron todos los requisitos requeridos y no se encontró impedimentos entre los postulantes.
Esta acción surgió una vez que el TCE ratificó la vida jurídica de la organización.