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La Ley de Comunicación ha sido objeto de reparos para organizaciones internacionales que tratan temas sobre la libertad de expresión.
La 72ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa exhortó a los presidenciables a derogarla, ya que a su criterio “es uno de los instrumentos jurídicos más regresivos promulgados en el Continente”.
Humans Rights Watch, en su Informe 2017, publicó “que la ley “concede al Gobierno amplia potestad para limitar la libertad de expresión”.
Además, los relatores de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión, David Kaye, y para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Édison Lanza indicaron que “ciertas obligaciones contempladas en la ley carecen de contenido jurídico y su aplicación inhibe la libertad de expresión”.
Desde el 2009, los países de Latinoamérica iniciaron una tendencia de promulgación de leyes sobre los medios de comunicación. Foto: Archivo EL COMERCIO
La legisladora Betty Carrillo, quien formó parte de la Comisión que tramitó la ley, discrepa con estas posturas. Asegura que esta norma ha sido de las más importantes “de la historia del país”. Incluso -dice- se debe ampliar para que regule las redes sociales y así evitar la información irresponsable en ese espacio, como cree se lo está logrando en los medios de comunicación tradicionales.
En los primeros tres años de vigencia de la Ley, la Superintendencia de la Comunicación (Supercom) tramitó 896 procesos a medios. Esos datos fueron revelados por el titular de la entidad, Carlos Ochoa, en junio del 2016. Este Diario solicitó la actualización y el detalle de estas cifras. Hasta ayer, 20 de marzo, la información aún se procesaba.
La abogada Pamela Sevilla participó en la recolección e interpretación de datos sobre la aplicación de la ley para la publicación del libro ‘El delito de expresarse de Fundamedios’, que se realizó en enero.
Esa investigación tuvo acceso a 606 procesos del período diciembre 2013 – octubre 2016, a través de pedidos de información a la Supercom.
De entre las conclusiones que se obtuvieron, Sevilla destaca que el 94,16% de los procesos se han iniciado en contra de medios privados, el 5,84% a públicos y el 5,42% en contra de otro tipo de instituciones.
Actualmente, hay seis proyectos de reformas en la Asamblea, estos se han presentado desde septiembre del 2015 hasta el miércoles pasado.
Tres son iniciativa de la oposición y buscan eliminar el inciso que dobla la multa en caso de reincidencia en la difusión de contenidos discriminatorios y reformar la conformación del Cordicom. Y el 26 de enero pasado, Henry Llanes (Creo) presentó un proyecto para derogar la norma. Este todavía no ha sido calificado.
Los tres proyectos del oficialismo buscan, en cambio, corregir un error en el articulado que originó la impresión de leyes de bolsillo con errores, incluir normas deontológicas sobre equidad de género y quitar la prohibición de que bebidas de moderación pauten en espacios deportivos.
Las propuestas de los candidatos
Lenín Moreno y Guillermo Lasso coinciden solamente en que esta norma no puede continuar como hasta ahora. El oficialista habla de reformarla y el opositor de eliminarla.
Moreno recuerda que esta Ley tiene el objetivo de democratizar la comunicación. “Esto asegura que tengan voz el sector público, privado y comunitario. Es decir, amplía la libertad de expresión”.
Sin embargo -añade- que como toda ley es perfectible y se puede dialogar acerca de la necesidad de realizar algunos cambios, si es necesario, sobre todo quizás en la aplicación, donde considera están las mayores diferencias.
El postulante no ha especificado qué elementos serán reformados. Pero el presidente Rafael Correa, el lunes 6 de marzo, en un conversatorio con medios, adelantó que se podrían dar atribuciones coactivas a la Superintendencia para que puedan cobrar multas.
Lasso, por su parte, ha ratificado desde el inicio de su campaña la oferta de que el primer día de su gobierno enviará a la Asamblea un proyecto con un artículo único, que ordene la derogación de esta normativa.
“Una prensa independiente es el mejor aliado de un gobierno honesto. Además, el periodismo de investigación es una de las armas de lucha contra la corrupción”, argumenta.
En contexto
Desde el 2009, los países de Latinoamérica iniciaron una tendencia de promulgación de leyes sobre los medios de comunicación. Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador (ver infografía) fueron los primeros países en hacerlo. Colombia y Brasil aún no la tienen.