En febrero de 2017, hubo plantones a favor y en contra del docente. Foto: Archivo/EL COMERCIO
El caso ‘Principito’, en el que es indagado un profesor de natación por presunto abuso sexual de un pequeño de 5 años, está por agotarse judicialmente.
A la defensa del docente, identificado como José V., solo le queda una instancia más de apelación: la casación en la Corte Nacional de Justicia.
Esto, luego de que la Corte Provincial de Pichincha ratificara la pena de 22 años.
En la audiencia del lunes 4 de septiembre de 2017, los jueces consideraron, de forma unánime, que sí existió el delito. Gissela Vaca, abogada de la familia del menor, contó a este Diario que en el fallo también se estableció que hay evidencias suficientes que demuestran que el maestro fue el responsable de la agresión al chico.
A esa diligencia no asistió el procesado; solo estuvieron sus abogados. Al momento, el docente se encuentra en libertad, pero debe presentarse permanentemente en una oficina judicial.
El fin de esta medida es garantizar que el implicado comparezca mientras se desarrolla todo el proceso.
Las investigaciones indican que los abusos hacia el menor de edad ocurrieron hace dos años. Ahora, el niño tiene 7.
Según el relato de los padres del chico, el profesor presuntamente le obligaba a mantener sexo oral y lo amenazaba con atacar a su familia si contaba lo que sucedía dentro del centro educativo.
Desde que conocieron de la agresión, psicólogos, médicos y fiscales han indagado los hechos. El menor pasó por la denominada Cámara de Gesell, un espacio en donde los investigadores preguntaron al niño qué pasó. Le entregaron muñecos de trapo y él repitió lo que le hacía el maestro con el juguete. Paulina retiró a su hijo del colegio. Igual hizo con su hija mayor.
La madre dijo que el pequeño cursaba el primer año de básica cuando sucedieron los hechos. El niño empezó a llorar sin razón y a despertarse en las noches. Gritaba y mojaba la cama cinco veces.
Las secuelas también afectaron al padre del niño. Se deprimió, se sentía culpable de lo sucedido. Por todos estos hechos, la pareja se separó. Él retornó a Francia, su país, y ella empezó a difundir el caso.
A fines del 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU se pronunció sobre los abusos sexuales reportados en Ecuador e instó al Estado que siga “adoptando medidas para prevenir y eliminarlos”. También recomendó dar apoyo continuo a las víctimas de este tipo de delitos.
Del 2012 al 2016, las autoridades han reportado en el país 343 denuncias por delitos sexuales perpetrados en las aulas o detectados allí.