El legislador Freddy Alarcón dio ayer su versión libre y voluntaria en la Fiscalía. Foto: Cortesía
Las pericias ejecutadas en el caso Azuero-Mendoza dejan ver cómo, supuestamente, se manejaron recursos estatales.
La transcripción de las conversaciones entre el parlamentario Eliseo Azuero y el exlegislador Daniel Mendoza está en poder de la Fiscalía y ahora los agentes investigan si en verdad hubo un reparto de fondos públicos y si están involucrados más parlamentarios.
Ese es uno de los temas que se menciona en los diálogos. En una parte hablan de ‘Meche’ y dicen que ella envió a recoger un encargo en el departamento de alguien al que identifican como Franco.
En otro extracto, Azuero aparentemente dice que a algunos legisladores de su bancada les llegó “un cariño”.
Los peritos descubrieron este material en el sitio mega.nz.
Allí reposaban dos archivos digitales de audio con los nombres La Verdad y Llamada.
Por eso cotejaron las voces de Mendoza y de Azuero con muestras biométricas y con grabaciones de sus últimas cinco intervenciones realizadas en el Parlamento.
Las pesquisas concluyeron que las intervenciones halladas durante las investigaciones sí pertenecen a los dos.
Los documentos judicializados sostienen que en los mismos archivos aparecen posibles entregas de dinero a los asambleístas. Esos pagos fueron categorizados como comisiones. Según el expediente, quien hizo la entrega es Franklin Calderón, uno de los detenidos dentro de este caso.
En manos de la Fiscalía también está un mensaje encontrado en el teléfono de José Santos, otro detenido.
Allí hablan de un legislador, que presuntamente ya ha “tomado” USD 2 millones de tres hospitales públicos.
Tras recibir estos peritajes, la Fiscalía comenzó ayer a tomar la versión de ocho legisladores. Franco Romero fue uno de ellos. A su salida prefirió no ahondar en declaraciones. Mientras caminaba a paso acelerado entre las cámaras solo lanzó frases como estas: “No sé absolutamente nada, todo está en mi declaración, ya rendí mi versión, pregúntele a Azuero”.
Luego llegó el asambleísta de Sucumbíos Freddy Alarcón. Al ingresar a la Fiscalía dijo que él no ha sido parte de ningún acuerdo y que no ha recibido recursos ilegales. “Estoy seguro que lo que se menciona en ese supuesto audio no me corresponde. Estoy seguro que, luego de hacer su trabajo, la Fiscalía determinará que no se trata de mi persona”.
El parlamentario Washington Paredes fue otro de los que arribó a las oficinas judiciales, pero no habló.
En los diálogos, que fueron sometidos a pericia, Azuero y Mendoza hablan de Washo y César; no identifican apellidos.
Las transcripciones de las grabaciones además sirvieron para vincular a Jorge Jalil, exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Él está prófugo y su apellido es mencionado en las conversaciones. Allí se dice que él es uno de los que conocía sobre la entrega del dinero.
La Fiscalía señala a Jalil como el responsable de inobservar los procedimientos técnicos y de permitir que el contrato para la construcción del hospital, por USD 16,4 millones, termine en manos del Consorcio.
Tras la pericia informática a la computadora PC 03-02, los agentes además encontraron un documento en formato Excel y titulado Registro contable del Consorcio Pedernales.
En ese listado consta la entrega de USD 32 000 y al frente aparecen los apellidos Jalil y Tamayo. René Tamayo fue director del Servicio de Contratación de Obras (Secob). Hoy, él está encarcelado con una orden de prisión preventiva.
En esos registros hay cheques numerados del 16 al 18. Están fechados al 6 de marzo del 2020. Cada uno está girado por USD 360 000. Al lado aparece la palabra “asambleístas”.
Dentro de este expediente judicial, hoy deberán dar su versión libre el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo; y la ministra de Gobierno, María Paula Romo.