En medio de la difícil situación en la frontera norte, Lino Mauro Toscanini y Oswaldo Jarrín asumieron el reto de restablecer la seguridad interna y externa, sobre todo en Esmeraldas, donde grupos delictivos han segado siete vidas.
Toscanini y Jarrín, nuevos titulares de los ministerios del Interior y Defensa, respectivamente, también reciben la tarea inconclusa de sus antecesores: desarticular al autodenominado grupo Óliver Sinisterra, una disidencia de las FARC que opera en el Alto Mira, en el departamento colombiano de Nariño, y en el noroccidente de Ecuador. Según la fundación Paz y Reconciliación, el grupo está integrado por 80 hombres, quienes se mueven en un borde de la frontera común, que va desde la Región Interandina hasta las costas del Pacífico, en Esmeraldas.
Sin embargo, esa agrupación delictiva es solo una de las 12 organizaciones armadas dedicadas al tráfico de droga y que tienen nexos con los carteles mexicanos en Nariño, según la fundación.
En el 2016, el Departamento de Estado de los EE.UU. advirtió al régimen de Rafael Correa que los carteles Los Zetas, Sinaloa y del Golfo operaban en el territorio. Ese país subrayó el problema de la corrupción en fuerzas del orden, fiscales y jueces. Ahora, el Ministerio del Interior se apresta a evaluar a policías.
Para el 2017, la Procuraduría General de la República (PGR) de México alertó a las autoridades que a los otros carteles se sumaban Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, Cártel Tijuana, Caballeros Templarios, Juárez y Los Arellanos Félix y Beltrán Leyva. La PGR indicaba que estos grupos tenían presencia en Ecuador a través de alianzas criminales y mediante emisarios. Los recursos con los que trafican la droga incluyen semisumergibles, aviones, barcos, y vehículos terrestres para tráfico de armas y otros crímenes como trata de personas.