Esta medida implica la cancelación automática de la inscripción de los participantes en las bolsas de valores. Foto: Archivo / EL COMERCIO
Han transcurrido casi dos meses desde que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, denunció el pasado 9 de septiembre del 2020 irregularidades y deudas vencidas en inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) en el mercado bursátil y extrabursátil.
Entre los deudores del Isspol dentro del mercado de valores está Delcorp, que le debe USD 26 millones al ente de la Policía. El Isspol invirtió en facturas comerciales negociables que esta firma transó con una firma relacionada al grupo empresarial: Fertisolubles.
El pasado 4 de noviembre del 2020, la nueva intendenta del Mercado de Valores, Linda Toledo, resolvió cancelar la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores a Delcorp y también canceló sus valores inscritos en el Catastro.
Según la Codificación de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, esta medida implica la cancelación automática de la inscripción de los participantes y sus valores en las bolsas de valores. Según la Junta, con la cancelación la empresa además incurre en causal de disolución.
En tanto, la firma Casa Moeller Martínez, que adeuda USD 4 millones también por facturas comerciales negociables al Isspol, fue suspendida por un mes del Catastro.
La suspensión de la inscripción implica la prohibición temporal para que los participantes y valores objeto del registro puedan participar en el mercado, pero no la cancelación de su inscripción en la respectiva bolsa de valores, explica la Junta.