Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero integran la mayoría del CNE. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Consejo Nacional Electoral (CNE), conformado tras el proceso de transición, cumplió su primer año de funciones el miércoles 20 de noviembre del 2010.
En este lapso, el ente organizó los comicios seccionales de marzo, estuvo en la mira de la opinión pública por los casos de financiamiento irregular al movimiento Alianza País y ahora ya proyecta el plan operativo para las elecciones presidenciales de febrero del 2021.
Lo hace en medio de una marcada división entre los consejeros, quienes no ocultan sus discrepancias.
Los balances contrastan. En una orilla, la presidenta Diana Atamaint y el consejero José Cabrera, del bloque de mayoría, califican como positiva y transparente su administración. La titular afirma que se cumplieron los ejes propuestos.
Casi no reconocen errores, a excepción de procesos de contratación que tuvieron retrasos en la víspera de los comicios seccionales. Subrayan que el número inédito de candidatos (81 000) y el poco tiempo que tuvieron para programar las elecciones locales incidieron en el retraso de la entrega de credenciales, sobre todo a las autoridades de Los Ríos.
En el otro extremo, el vicepresidente Enrique Pita y el consejero Luis Verdesoto, de la minoría, cuestionan un manejo “hiperpresidencialista” y reclaman una supuesta falta de debate al interior del organismo rector de la democracia. Rechazan que casi no se les tome en cuenta para adoptar decisiones.
Atamaint apunta que, hace un año, encontró una institución que acarreaba problemas administrativos y deudas que tuvieron que resolver, pese a que la funcionaria también fue vicepresidenta del CNE transitorio.
De los USD 99,6 millones que tuvo el organismo de presupuesto para las elecciones seccionales, se ejecutaron USD 81 millones, comentó. “Cumplimos absolutamente con todo y ahorramos recursos para el país”.
El vicepresidente Enrique Pita, en cambio, reconoció el profesionalismo de los empleados de la entidad, como uno de los puntos altos de este primer año. Actualmente, en el CNE laboran 1 090 funcionarios.
Enrique Pita y Luis Verdesoto entregaron a la Fiscalía dos informes sobre aportes irregulares para AP.
A inicios de este mes se aprobó un recorte salarial para los funcionarios con contrato ocasional y para enero se prepara un concurso de méritos y oposición.
Pita dice que sus expectativas de conformar un CNE que no responda a simpatías políticas, no se cumplieron. “La institución no cumplió con el gran desafío de que su gestión le dé confianza a la ciudadanía”.
El consejero José Cabrera reconoce que estas pugnas desacreditaron al CNE y sembraron dudas. El vocal indica que se ha dado buen uso a los recursos y dice que las denuncias de presuntas irregularidades no han podido ser comprobadas.
“Las denuncias de presunto fraude en Salitre y en Los Ríos ya fueron archivadas. Aquí se actuó con total transparencia”, dijo Atamaint.
Luis Verdesoto, integrante del Pleno, califica como “agridulce” este primer año. Señala que, en conjunto, la entidad ha dado pocas respuestas al país, pero resalta los esfuerzos individuales en los diferentes procesos.
El consejero pide más debate y cuestiona que no se haya desmontado una estructura institucional pensada durante el correísmo. “No solo que se mantiene sino que se profundiza; desde la toma de decisiones hasta la contratación de personal”, dijo.
En este primer año hubo 78 sesiones del Pleno. En todas estuvieron presentes Atamaint y Cabrera, mientras que el resto de consejeros registra varias ausencias.
Sobre el caso Sobornos 2012-2016, que indaga los aportes irregulares para Alianza País, Atamaint dijo que el CNE efectuó un trabajo interno para responder a 36 solicitudes de información. De ellas, diez fueron requerimientos de la Fiscalía.
Además, recordó que se conformó una Comisión para que investigue el hecho. “El lunes presentarán su informe”, señaló la titular.
Verdesoto y Pita, de su lado, elaboraron dos informes con indicios de aportantes que no habrían declarado el origen de los fondos. Los insumos fueron entregados a la Fiscalía y a la Asamblea.
De cara a las elecciones del 2021, Pita y Verdesoto dicen sentir “temor”. El Vicepresidente sostiene que la delegación de funciones no se efectúa con base en las capacidades de los consejeros, sino a las afinidades de la mayoría.
Atamaint y Cabrera sostienen que ya se trabaja en las recomendaciones de Contraloría, que cuestionó los procesos informáticos.
Ahora, los vocales proyectan en USD 176 millones el presupuesto para las elecciones presidenciales del 2021. Calcularon ese monto para dos vueltas electorales.
En ese rubro se incluyeron USD 6 millones para la reestructuración del sistema informático y de firmas.