El contralor Pablo Celi acudió a la Asamblea para exponer los motivos por los que el ataque a las instalaciones de la Contraloría fue planificado. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO
El Contralor General, Pablo Celi, expuso los motivos por los cuales considera que el ataque a la Contraloría, durante las protestas de octubre pasado, no fue un hecho aislado.
Lo hizo la tarde de hoy, miércoles 13 de noviembre del 2019, durante su comparecencia ante la Comisión Multipartidista que investiga las protestas ocurridas en el país entre el 3 y el 13 de octubre pasados, en contra de la eliminación al subsidio de los combustibles.
Para Celi hay tres elementos que demostrarían que el atentado a la Contraloría General fue planificado. El primero es que se atacó directamente a la documentación de la entidad.
El segundo tiene que ver con la destrucción de los bienes tecnológicos de la institución. Celi dijo que se destruyeron computadores y escáners con el objetivo de comprometer la capacidad operativa de la entidad.
Finalmente puso como tercer elemento el que la destrucción de documentos tenía la finalidad de comprometer la cadena de secuencia de las investigaciones que realiza la Contraloría.
Previo a la comparecencia de Celi en la Asamblea, los legisladores Fernando Burbano, César Rohón, Héctor Yépez y Jaime Olivo, asistieron por pedido de Celi a un recorrido por la Contraloría.
Rohón, en su intervención en la Comisión dijo que “la Contraloría es la prueba del delito”. Añadió que hay que evitar que “sea limpiada” antes de que se investiguen las pruebas que se puedan encontrar.
Para Burbano, la preocupación fue el proceso de recuperación de la información. Sobre esto, Celi dijo que la Contraloría cuenta con un sistema informático que permite almacenar los procesos y que, en caso de ser necesario, de podría solicitar la información a las fuentes de origen.
Hasta el momento no hay una evaluación final sobre la afectación en lo que se refiere a documentación. “Hay un primer acercamiento”, señaló Celi.
En la Comisión también compareció Diana Salazar, fiscal General del Estado. La funcionaria explicó que durante las protestas la entidad estuvo operativa y actúo de manera preventiva y reactiva. En cuanto a lo preventivo, dijo Salazar, se difundió información sobre los delitos en los cuales podrían incurrir quienes eran parte de las protestas.
También informó que, durante las manifestaciones de octubre, la Fiscalía registró 595 noticias de delitos en todo el país.
En su comparecencia explicó las razones por las cuales el asambleísta Joffre Poma sigue en prisión y la decisión de acusar a la perfecta de Pichincha Paola Pabón y Virgilio Hernández, por el supuesto delito de rebelión.
Sobre el segundo caso, dijo que hay “abundante información” recabada de las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas. Añadió que si Pabón pide medidas sustitutivas debe hacerlo ante un juez y no en una comisión de la Asamblea. La referencia fue al pedido que la perfecta de Pichincha hizo el lunes pasado en la Comisión Multipartidista, sobre que le coloquen grilletes pero que se le permita retornar a la Prefectura.