Universidades cofinanciadas demandan transferencia de recursos para becarios; presentarán acción en C. Constitucional
Estudiantes universitarios protestaron este 5 de mayo del 2020 por los recortes que anunció el Gobierno al presupuesto para los centros de educación superior del Ecuador, cuando en el país rige la emergencia sanitaria por el covid-19. Foto: Eduardo Terán/
Ocho universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes de escasos recursos presentarán el miércoles 6 de mayo del 2020, una acción por incumplimiento a la Ley de Educación Superior ante la Corte Constitucional (CC).
En dicha acción participan los rectores de las universidades del Azuay, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Católica Santiago de Guayaquil, Politécnica Salesiana, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca, UTE y Técnica Particular de Loja.
Las instituciones de educación superior argumentan que desde octubre del 2019 no han recibido las asignaciones y rentas que les corresponden por disposición constitucional y legal.
Ricardo Hidalgo, rector de la UTE, informó que la situación entre las ocho universidades es distinta. “Hay algunas a las que no se les ha acreditado desde octubre pasado. A otras no se le paga desde noviembre del 2019. Sin embargo ninguna ha recibido la asignación desde enero de este año”.
Hidalgo mencionó que es difícil conocer lo adeudado ya que desde inicios del 2020 no han recibido la asignación para conocer cuánto será el recorte que ya fue anunciado. En el caso de la UTE, mensualmente solía recibir USD 750 000.
“Solicitamos la transferencia en armonía con la disposición legal citada de no privar y retardar de estas asignaciones y rentas a las universidades que integran el sistema de educación superior del Ecuador, recursos estos, que se destinan a estudiantes de escasos recursos económicos para que puedan cursar sus estudios en nuestras instituciones” se lee en la acción que se presentará en la CC.
Las universidades invocan el artículo 22 de las Ley Orgánica de Educación Superior. En esa normativa se señala que “la Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema”.
También se menciona al artículo 32 de la misma Ley en el que se establece que “el Ministerio de Finanzas dispondrá la acreditación automática de las rentas establecidas a favor de las instituciones del régimen público y particular que reciben asignaciones y rentas del Estado”.
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