Entrevista a Juan Páez , Gerente H. Carlos Andrade Marín. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
El 2020 recién empieza y el Hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, tuvo que moverse para conseguir medicina para uno de sus pacientes, a través de un préstamo a otra casa de salud de la Red Pública. Su gerente, Juan Páez, habló con este Diario de las finanzas de la entidad.
¿Con cuántos recursos cerraron el 2019?
La administración central del IESS ha tenido problemas muy serios para contar con flujo, pero ha sido responsable. En el 2019 usamos USD 193 millones, el porcentaje de ejecución alcanzó el 91,75%.
¿Implicó un recorte respecto de la cifra del 2018?
Claro, entonces ejecutamos USD 204 millones. Para este año son 206 millones. Y hacen falta 92 especialistas, ahora son 615 para alrededor de 3 millones de pacientes al año. Nos falta personal en áreas quirúrgicas, clínicas, oncológicas y pediátricas. Esperamos hacer trasplante cardíaco este año, nos hacen falta cuatro médicos para eso y USD 170 000 para la Unidad Coronaria. Tenemos instalado el sistema hematopoyético para trasplante de médula, que está parado ya dos años, pues no nos asignan 150 000.
¿Cómo se usará el presupuesto principalmente?
(Entrega un documento, en el que se lee que para personal hay 97 millones. Y para medicamentos, 17 millones, pero en una nota se dice que existirá un déficit, ya que en el 2019 se gastaron 47 millones).
¿A qué rubros afecta más la reducción?
Afecta a la provisión de insumos y medicamentos. Pero hemos mantenido una cifra cercana al 90% de abastecimiento. La brecha ha estado entre el 10 y 20% de abastecimiento de productos para enfermedades catastróficas.
¿A qué se debe esa brecha que golpea a un porcentaje de sus pacientes?
Es que son medicamentos que el país no produce, que ciertos proveedores simulan tener, ganan el concurso y se apegan al convenio marco para pedir dilatación de plazos de entrega. Ellos le dejan al pobre paciente sin medicación. Y este acude a la prensa desesperado, para denunciar una situación que no está en nuestras manos.
¿En el 2019 no faltó el recurso sino el proveedor?
Incumplen los proveedores. Acá, los pobres pacientes viven una ruleta rusa; resulta que muchos no reciben la medicación. Es como decir tenemos pan, lechugas, carnes, pero faltan pescado y huevos. El hospital tiene que enfrentar los problemas que genera el desabastecimiento, en una serie de procesos en los que está inmiscuido el Sercop (Servicio de Contratación).
¿La culpa es del Sercop?
No soy juez para crear culpables, pero hay procesos burocráticos injustos, dados por la norma constitucional y legal, que retardan todo.
Pongamos un ejemplo. Un paciente, con trasplante de riñón, el 6 de enero recién recibió el Everolimus, tras casi tres meses.
Porque el proveedor no nos entregaba el fármaco y la Unidad Técnica de Farmacia tuvo que conseguir 7 000 unidades del Hospital de la Policía. Está en ejecución un proceso de subasta inversa para tener 98 736 unidades.
De ese detalle no se entera el afiliado. En el ejemplo, pagaba USD 270 por 60 pastillas, para un mes. ¿Se ponen en su lugar como autoridades?
Yo me pongo en su lugar; y quién se pone en el lugar de las sanguijuelas de los proveedores, de los procesos administrativos burocráticos. Qué culpa tienen la institución, las autoridades de que se haya sobrepoblado la atención de pacientes en el IESS.
¿Cuándo tomarán una decisión sobre eso?
La situación no está en que el Presidente de la República diga cambien, se requiere consenso social.
¿Qué más debe cambiar para beneficiar al afiliado?
Soy uno de los detractores de la posición del Sercop. No es posible mantener procesos que benefician a proveedores, se les da la razón, se aguantan convenios marco para alargar (el plazo). Solicitamos sanciones y dicen que hay que esperar.
¿Un ejemplo?
Un proveedor gana un concurso. Me debe entregar un fármaco el 30 y ahí dice, ‘según el convenio marco, solicito una ampliación de 90 días’. ¿Qué le digo al afiliado yo?
¿Qué dice Paúl Granda, presidente del IESS?
Está aterrado. Ahora, además, con la judicialización de la medicina, si no entregamos la Cerliponasa dicen que él se va a la casa. Igual pasa con el Ataluren. El plazo para entregarlo, según el juzgado, se cumple el 29, pero se requieren firmas de contrato de Arcsa, aprobación de la Dirección de Salud Familiar.
¿Qué tal judicializar la entrega de fármacos?
Al juez le dicen: me hice exámenes fuera del IESS y necesito esta droga que cuesta USD 1 millón al año. El juez dice perfecto. Pero no sabe que no cura la enfermedad, la víctima es el HCAM.