En el artículo 516 del Código Penal vigente hasta 1998, se tipificaba a la homosexualidad como delito, con una pena de cuatro a ocho años de prisión. Foto: Cortesía
El próximo viernes 17 de mayo del 2019, en el mundo se conmemorará el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. Y en Quito, ese día, planean levantar su voz, como históricamente lo han hecho, un grupo de mujeres trans, las llamadas ‘nuevas’ Coccinelle.
El encuentro será a las 10:00, en La Alameda, en el monumento al libertador Simón Bolívar. “Esperamos que toda la comunidad Glbti nos acompañe. Fuimos los gestores de la despenalización de la homosexualidad”, señala Nebraska Montenegro.
En 1997, la detención masiva de personas Glbti, es decir de gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo, fuera de los Abanicos, bar de Cuenca, fue como el punto de quiebre. Permitió acelerar el proceso de despenalización. Poco tiempo atrás, las organizaciones habían presentado una acción de inconstitucionalidad en contra del primer inciso del artículo 516 del Código Penal vigente. En ese punto se tipificaba a la homosexualidad como delito, con una pena de cuatro a ocho años de prisión.
La organización trans Coccinelle tuvo una participación activa en esa lucha. Entre otras recogió firmas para la despenalización, pese a que al ser las más visibles entre los Glbti, eran blanco de ataques, según recuerdan activistas consultadas. “Las trans sufrimos muchos atropellos, persecución, abusos en los años ochenta y noventa. Y fuimos los gestores de la despenalización. Por eso buscamos una reparación”, afirma Nebraska.
Nebraska ahora tiene 63 años, trabaja en una peluquería, como buena parte de las transgénero con más años. Dice sentirse enferma, pero con la fuerza suficiente para luchar por más derechos. El viernes 17, luego de la concentración en La Alameda, su plan es avanzar a la Fiscalía General del Estado. Van a presentar una denuncia, por graves violaciones a los derechos humanos del colectivo trans Coccinelle. “Fuimos víctimas de tortura, detención ilegal y ejecución extrajudicial”. Y esperan que el Estado responda.
Danilo Manzano, otro activista Glbti, de Diálogo Diverso, opina que las organizaciones tienen una memoria histórica sobre la época en que la homosexualidad era un delito. Por lo que la demanda contra el Estado debiera ser tramitada. “En Canadá esas demandas han dado lugar a reconocimientos históricos y económicos, para quienes sufrieron la época de la penalización de la homosexualidad”.
“Muchos procesos de investigación sobre tortura y desaparición de las compañeras trans quedaron archivados. Deben reabrirse y concretar una reparación no solo simbólica sino económica”.