Demandas de Glbti no son tramitadas en la Corte Constitucional de Ecuador
En la imagen Helen Bicknell y Nicola Rothon sonríen junto a una se sus hijas en el parque. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO
En lista de espera aún están las demandas de la población de Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti) en Ecuador. Al menos esa fue la percepción de activistas y abogados, después de la jornada del miércoles 17 de enero del 2018 en la Corte Constitucional, en Quito.
Seis de nueve jueces acudieron a la sesión extraordinaria, convocada para resolver, entre otras, la acción extraordinaria de protección presentada por Helen Bicknell y Nicola Rothon.
El 10 de septiembre del 2012, las inglesas, con auspicio de la Defensoría del Pueblo, acudieron a este organismo para lograr inscribir a su hija Satya, con sus dos apellidos.
En diciembre, Satya ya cumplió 6 años y su hermano, Arundel, 2. Nacieron en Ecuador y son hijos biológicos de Helen y Nicola, con ayuda de inseminación artificial. Pero no han podido ser registrados.
Ayer, la Corte Constitucional no resolvió nada, luego de cinco años y cuatro meses. Se conoció que la jueza Tatiana Ordeñana presentó un proyecto de sentencia al respecto. Pero la sesión se suspendió.
“Es frustrante que sigan generando dilaciones en este tema, cuando se trata de una niña, cuyos derechos están suspendidos”, opinó el abogado de las inglesas, José Luis Guerra, quien es director General de Educación e Investigación, de la Defensoría del Pueblo.
Él lamentó que no se haya resuelto el caso, pero adelantó que seguirán insistiendo.
“Nos entristece la demora, considerando que el caso involucra actos de protección de dos niños”, comentaron Helen y Nicky. Agradecieron a Guerra y a Carla Patiño, de la Defensoría; María Paula Romo, Pachaqueer, Causana, Taller Comunicación Mujer y Equidad.
Esperamos -dijeron- que Ecuador y todos los países incluidos en el Pacto de San José respeten las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Activistas de Pakta y Surkuna, entre otros colectivos, dejaron el lunes un escrito al presidente de la Corte, Alfredo Ruiz. En él le pidieron certificar el tiempo que lleva el caso en espera de resolución.
Y le sugirieron tener en cuenta la opinión consultiva de la Corte IDH, sobre obligaciones estatales en cuanto a cambio de nombre, identidad de género y derechos derivados por el vínculo de parejas del mismo sexo.
Danilo Manzano, de Dialogando Ando, criticó que se haya convocado a una sesión sin contar con los argumentos para dictar una sentencia.
“Satya tiene dos madres, que sea inscrita ya”, repetía Carla Heredia, la ajedrecista, que acompañó a los activistas. “Ya es hora, estamos en el 2018 y siguen dando largas al tema”, comentó y pidió que se piense en el bienestar de los niños.
El caso de Satya no es el único que debe resolver esta Corte. En junio del 2014, Pamela Troya y Gabriela Correa presentaron una acción extraordinaria de protección pues el Registro Civil no les permitió casarse. Impulsan el matrimonio civil igualitario en el país.
Ayer dejaron un escrito al Presidente de la Corte, insistiéndole para que resuelvan, tras más de tres años. Y recordándole que solo tenían 30 días, desde la recepción del expediente. Troya anunció que llevará su lucha al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, patrocinada por el abogado Mauricio Alarcón.
Ayer también hubo una audiencia de apelación de Glbti, afectados por marcha Con Mis Hijos No Te Metas. La Corte Provincial tampoco resolvió.
Reacciones:
Javier Acuña, abogado y profesor de Derecho Constitucional
Esperamos que cuando haya sentencia esta sea erga omnes, es decir que se aplique a todos los casos idénticos. Aunque si la decisión fuera interpartes ayudaría alegar que hay un precedente. La Corte podría actuar como en el caso de Bruno Paolo, transmasculino, y darle tiempo a la Asamblea para que legisle en función de esa sentencia. Necesitamos que se aclare que la presunción de paternidad no solo cubre a heterosexuales, que se abra a la diversidad.
Christian Paula, abogado, docente e investigador y parte de Fundación Pakta.
Lo ocurrido fue una burla a los colectivos y a la población Glbti. Si la Corte Constitucional colocó en el orden del día el tema de Satya, su Pleno debía estar enterado del proyecto de sentencia. No es posible que se den cuenta a última hora de eventuales errores. La última audiencia fue en junio del 2017. Al dilatar tanto la decisión incurren en violaciones a derechos, que la Constitución garantiza. Analizamos la idea de elevar a instancias internacionales este caso.
