La Comisión Interventora dispuesta por la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Quito emitió un pronunciamiento sobre la situación de la institución educativa militar. Al analizar la denuncia de posible abuso sexual y maltrato a un niño de 8 años, dentro del plantel, considera que el proceder de sus autoridades y personal fue negligente.
¿Por qué? No se acataron los protocolos emitidos desde el Ministerio de Educación. A través de un comunicado se detalla que los hechos pudieron haberse prevenido y abordado de forma adecuada, a fin de que prevalezca el interés superior del niño.
Ante la ausencia de acciones para la protección de los derechos del estudiante, la Junta de Protección de Derechos dispuso la “suspensión inmediata” del rector de la institución educativa militar de la capital. Esta fue una, entre otras medidas administrativas que tomará.
El pasado 26 de abril, la Junta dispuso la creación de la Comisión Interventora, luego de la denuncia que la madre del pequeño Dennis (nombre protegido) presentara, por presunta violencia sexual, ocurrida en una bodega del colegio. Según la denuncia, en los hechos estarían involucrados otros niños.
La madre de Dennis asegura haber denunciado irregularidades desde el 2017, sin observar que las autoridades tomaran acciones. En el plantel, el niño era acusado de robos y mal comportamiento. Las sesiones con una psicóloga permitieron determinar que podría estar siendo amenazado para cometer esos actos.
La Comisión Interventora se conformó con representantes del Ministerio de Educación, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Consejo de Defensores de Derechos de la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito, Secretaría de Derechos Humanos, Consejo Consultivo de Derechos de Niñez y Adolescencia del DMQ, Consejo Consultivo de Derechos de la Mujeres del DMQ y la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad Lgbti.
Esta comisión se creó en el marco de las funciones de la Junta, dispuestas por el Código de la Niñez y Adolescencia, con el fin de que analice “la situación de la institución y realice una investigación urgente e inmediata ante los hechos denunciados”. En el pronunciamiento difundido hoy, viernes 31 de mayo del 2019, las instituciones que hacen parte de la comisión manifestaron su apoyo a las actuaciones de la Junta de Derechos y exigen el cumplimiento inmediato de las medidas dispuestas.
En caso de no cumplirse -detalla el comunicado- se estaría configurando el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, establecidas en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal.
La Junta de Derechos aprovechó el comunicado emitido hoy para hacer un llamado a la comunidad para que denuncie situaciones de violencia cometidas dentro de las instituciones educativas. Además exhortó a padres y representantes legales de estudiantes del plantel militar involucrado a abstenerse de realizar juicios de valor sobre hechos.