12 de noviembre de 2019 11:14

¿Por qué nueve países piden incrementar precios de vuelos aéreos?

Imagen referencial. Nueve naciones de la Unión Europea solicitan el desarrollo de un impuesto a la aviación para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Foto: EFE

Imagen referencial. Nueve naciones de la Unión Europea solicitan el desarrollo de un impuesto a la aviación para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Foto: EFE Foto: Agencia EFE

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Redacción Elcomercio.com

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El jueves 7 de noviembre del 2019, nueve países de la Unión Europea suscribieron una declaración conjunta en la que solicitaron a la Comisión Europea crear un impuesto sobre la aviación civil e incrementar el precio de los vuelos. Pero -al contrario de lo que podría pensarse- no se trata de un debate económico, sino que su guía es ambiental. 

El pedido de Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y Bulgaria es claro: reducir el porcentaje de emisiones de CO2 (dióxido de carbono), pues el sector de la aviación es responsable del 2,5% a escala mundial, de acuerdo con el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

Según reporta el periódico ABC, el texto fue aprobado el jueves 7 de noviembre en el marco del encuentro de ministro de Economía y Finanzas de la zona europea, conocido como Eurogrupo. 

España, por su parte, decidió no sumarse a la declaración. Teresa Ribera,  ministra de Transición Ecológica de España, señaló que era una idea "interesante" pero no la aceptó. En cambio, pidió "prudencia" por las consecuencias negativas que el impuesto podría tener sobre la dinámica económica del transporte aéreo, citó ABC.

Las naciones que se suscribieron al documento, remarcaron en la declaración que el impacto del sector de la aviación en prejuicio del medioambiente no debe ser minimizado, además de que no ha "contribuido lo suficiente". Asimismo, el grupo de países europeos criticó que el precio de los billetes de avión para vuelos internacionales no reflejan "el coste medio de emisiones de CO2 y de externalidades negativas". 

Según reza el documento, el objetivo es que "una mejor coordinación de la imposición de la contaminación permitiría una aplicación más justa del principio 'quien contamina, paga'". Al cumplirse, se podría garantizar medidas eficaces y una competencia justa para todos los Estados. 

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