El rapero argentino L-Gante fue detenido en su casa en Buenos Aires, el martes, 6 de junio de 2023 tras ser denunciado por presunto secuestro, amenaza agravada y tenencia ilegítima de armas de fuego.
Según el comunicado difundido por las autoridades argentinas, Elián Ángel Valenzuela, nombre del artista, fue acusado por un funcionario del municipio de General Rodríguez de haberlo amenazado con una pistola y retenido en un automotor.
“Le apuntó con un arma y lo obligó a subirse a su vehículo, en presencia de su esposa y su hija menor de edad. Durante ese viaje, recibió las advertencias”, señaló Leonardo Sigal, abogado de la víctima.
El hecho ocurrió el 27 de mayo tras un enfrentamiento en un bar entre los compañeros del denunciante y los integrantes de la ‘Mafilia‘ , la banda que está conformada por amigos y colaboradores de Valenzuela.
Luego de que las autoridades recibieran la acusación de la víctima y allanaran la casa del trapero, este fue detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes.
Desde allí, el rapero le escribió un mensaje en papel al boxeador argentino Ezequiel Matthysse, amigo e integrante de la ‘Maflia’ , donde le manifiesta que lo aprecia y que se encuentra bien, junto a los dibujos de un corazón y una cadena de metralleta hecho en esfero.
“Gracias por el aguante. Siempre real. Te quiero, hermano, cumbia 420. Estamos bien”, señala el escrito que Matthysse compartió a través de su cuenta de Instagram.
Declaración de L-Gante
El 8 de junio, Valenzuela aceptó ir a juicio en el que se le acusa no solo por la privación de ilegítima de libertad, sino también por imputación de drogas, ya que, durante el allanamiento en su casa, la UFI encontró 40 gramos de marihuana.
Ante los cuestionamientos del juez del caso, el rapero se negó a contestar varias de las preguntas que recibió durante la declaración que duró 90 minutos y solo se limitó a responder que el “cannabis confiscado no le pertenecía” y a confirmar el encuentro con su denunciante.
De acuerdo con medios locales, el rapero se puede enfrentar a una pena máxima de 25 años de prisión en caso de ser condenado por presuntamente secuestrar a un miembro público.
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