Marlon Álvarez, joven con discapacidad, estudia en la Uniandes jurisprudencia. Foto: EL COMERCIO
El asistir a las clases en laboratorio o consultar deberes en la biblioteca era “un desafío” para Marlon Álvarez cuando ingresó a la universidad, hace dos años. Para dirigirse hacia estos sitios, el joven estudiante requería de la ayuda de dos de sus amigos para cargar su silla de ruedas, otro para que lo llevara en brazos hasta los pisos superiores y de alguien más para que le ayudara con sus libros y cuadernos.
Álvarez es un muchacho de 22 años, con discapacidad física a causa de tumoraciones en su columna. Él cursa el segundo nivel de la carrera de Jurisprudencia, en la extensión de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (Uniandes).
La realidad que vivía este joven diariamente está cambiando, gracias a nuevas estructuras de bloques y cemento. En el centro educativo se están adecuando las instalaciones para brindar mayor accesibilidad a este estudiante y a todos los alumnos con algún tipo de discapacidad que se inscriban en el plantel.
“Al inicio las cosas fueron difíciles, pero las autoridades de la institución se dieron cuenta de que mi necesidad puede ser la de muchos chicos en la ciudad”, señala Álvarez.
La historia de esta institución educativa se repite en todas las universidades de Santo Domingo de los Tsáchilas, al noroccidente del país. Las instalaciones se fueron readecuando desde hace aproximadamente dos años, a raíz de la llegada de jóvenes con algún tipo de discapacidad y el pedido de las instituciones gubernamentales que regulan dichas entidades.
Rampas que facilitan la circulación, barandas para sostenerse, baños acorde a sus necesidades y el traslado de salones de clases, laboratorios y bibliotecas a las plantas bajas son parte de las reformas que hacen estas instituciones para brindar mayor comodidad a su alumnado con una condición de discapacidad.
Aunque aún no cuentan con la totalidad de las instalaciones habilitadas para la libre circulación de personas con discapacidad física, todas están trabajando en ello.
Un ejemplo de estas modificaciones es la sede de la Universidad Tecnológica Equinoccial.
Esta institución educativa continúa construyendo en la actualidad rampas para el ingreso hacia los pisos superiores y cuenta con un bloque de aulas, laboratorios y baños dispuestos para solventar necesidades especiales. “Estas adecuaciones buscan que cualquier joven con algún tipo de necesidad especial, no encuentre en la universidad un impedimento para trasladarse. En su lugar se encontrará con un espacio que se acopla a sus requerimientos”, señaló el prorector de la institución, Joaquín Morales.
Andrés Santos, estudiante con discapacidad física de la institución, actualmente recorre las instalaciones sin ningún problema. Espera el día en el que se culminen las adecuaciones “para ir por todo el lugar sin obstáculos”. Para él, las barreras en su centro de estudios son parte del pasado.
Según el director provincial del Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades (Conadis), Fabián Jaramillo, las instalaciones de los establecimientos de estudios de tercer nivel “han sido modificadas drásticamente”, después de que fueron evaluadas por el Consejo de evaluación, acreditación y aseguramiento de la calidad de la Educación Superior (Ceeaces), en el 2012.
“Anteriormente, cientos de chicos se quedaban sin obtener una licenciatura o ingeniería, porque tenían miedo de la condiciones en las que iban a estudiar. Ahora hay más chicos que quieren cursar un pregrado”, añadió.
La Ley Orgánica de Educación Superior estipula en su artículo 7 que las universidades deben dar cumplimiento a la accesibilidad a los servicios de interpretación y a los apoyos técnicos necesarios “que deben ser de calidad y suficientes dentro del Sistema de Educación Superior”.
En la mayoría de los centros de estudios superiores de la localidad, la población estudiantil con discapacidad no sobrepasa el 1%, según sus autoridades.
A pesar de las adecuaciones en la infraestructura para estas personas, existen grupos de jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual, visual, del habla o auditiva que requieren de otro tipo de asistencia dentro de las universidades.
Esta es la problemática que enfrenta Mayra, joven de 19 años con una deficiencia auditiva.
Ella intentó cursar una carrera hace algunos meses. Su desilusión fue grande cuando las secretarias y docentes de la institución no comprendieron su lenguaje de señas. Su madre, Araceli Calderón, asegura que “si en la universidad no logran entender lo que ella quiere expresar, no será posible que le puedan enseñar”.
La presidente de la Asociación de No Videntes Luz y Sombra, Sofía Herrera, considera que el lenguaje para individuos con ceguera (braille) debe difundirse dentro de los centros educativos, ya que en “la mayoría de estos se desconoce el sistema y, por ende, los chicos invidentes no pueden recibir clases”.
En la provincia existen 973 personas con discapacidad auditiva, 1971 con limitaciones intelectuales y 1120 con deficiencias visuales, según el Conadis.
Con el propósito de solventar las necesidades de estos grupos de atención prioritaria, la sede provincial de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) estableció un equipo de voluntarios encargados de monitorear el ingreso de estudiantes con diferentes tipos de discapacidad. “Estas personas son los responsables de informar a las autoridades cuáles son las necesidades educativas especiales de estas personas. De esta forma se les brinda atención a sus requerimientos”, sostuvo el prorector de la entidad, Marco Santibañez.
Las sedes de la Uniandes y la Universidad Técnica Equinoccial planifican la inserción de docentes con capacidades para dictar clases a personas con limitaciones motrices, intelectuales, visuales y auditivas.