Dentro del paquete de preguntas para la consulta popular que planteó el Gobierno hay dos que apuntan hacia el ámbito de la naturaleza. Mientras que la siete está enfocada en otorgar una protección constitucional a los sistemas de protección hídrica, la ocho apunta hacia las compensaciones a quienes generan servicios ambientales.
Para Belén Páez, quien por varios años ha estado ligada a la protección de la naturaleza, las dos preguntas son una muestra de la idea de transición ecológica que ha pregonado el Estado. Pero su desarrollo y ejecución todavía son una tarea compleja para este o cualquier Gobierno.
Se ha dicho que estas preguntas son solo de relleno.
Me parece que es importantísimo que se contextualice bien cómo están planteadas las preguntas. Las dos definitivamente tienen algunos errores, especialmente la siete. La ocho tiene una intención que es bastante clara: incentivar el tema del nuevo financiamiento climático para la protección de los bosques.
En ese sentido, pienso que es necesario hacer esa reforma. En cuanto a la siete, tiene algunas deficiencias que no deberían estar, sobre todo porque hay un factor que incluye el derecho al uso del suelo y a la posesión de las tierras que están dentro de estas zonas hídricas importantes.
Entonces ¿se repite la discusión sobre la cogobernanza en estos territorios?
Según la Ley de Recursos Hídricos del 2014, ya existe un subsistema de protección hídrica dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). No habría un verdadero aporte con la enmienda propuesta.
¿Por qué no es un aporte?
Es importante tomar en cuenta que esta incorporación de las zonas de recarga hídrica dentro de dicho subsistema ha sido un factor de gran controversia durante los últimos años, debido a que la forma en la cual actualmente se estructura y maneja el SNAP puede llegar a desconocer la gestión comunitaria de los territorios ancestrales.
Por lo tanto, la incorporación de las zonas de recarga hídrica al SNAP pone en riesgo la gestión comunitaria del agua. Este fue uno de los factores que se consideraron por los pueblos, comunas y comunidades ancestrales para presentar la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Recursos Hídricos del 2014. En el 2021, dicha Ley fue declarada como inconstitucional.
La pregunta ocho apunta al financiamiento climático, ¿pero se requiere una consulta popular para eso?
La pregunta propuesta no es clara en torno al propósito de la enmienda constitucional. El artículo 74 de la Constitución ya preveía la posibilidad de regular la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales.
Dentro de esta regulación se entendería que es posible e indispensable la correcta reglamentación en torno a los beneficios que deben otorgarse a los pueblos y comunidades ancestrales por el vital papel que cumplen en la conservación y protección de sus territorios, la biodiversidad que vive en ellos y el apoyo en la generación de servicios ambientales.
En el tema hídrico, ¿es compatible con este modelo de protección junto al de minería responsable, que depende mucho del agua?
En ningún lugar del mundo existe un proyecto de minería responsable. Todo lo que ocurre alrededor de un proyecto minero a gran escala está catalogado, en términos científicos a nivel ambiental, como zonas de posibles desastres ambientales que contaminan las fuentes de agua, los puntos de agua, las nacientes de agua, los tipo suelos.
Las comunidades que habitan ahí no pueden tener acceso a agua segura. Se debe garantizar realmente ese derecho a la población.
Los proyectos mineros en este momento no son compatibles con una política que pueda denominarse de transición ecológica.
No es una solución para el estado ecuatoriano ampliar una frontera minera cuando ya sabemos, además, que horizonte petrolero en el Ecuador está declinando y que en los próximos 10 años habrá un freno en al menos el 80% de su producción petrolera.
¿Las preguntas apuntan a un nuevo modelo económico?
El hecho de que el Ministerio del Ambiente se haya denominado como de ‘agua y transición ecológica’ le da al Estado la responsabilidad de repensar cómo es la economía de aquí a 10 años. En planificar una economía que no es extractiva y que está basada en la biodiversidad, en el agua, en los servicios ambientales.
Sobre todo, se enfoca en los bosques de carbono acumulado que permitiría, a cientos de empresas en el mundo, reducir sus emisiones con compromisos reales y poder certificar e invertir en bosques tropicales del Ecuador.
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