Los centros privados de rehabilitación para drogodependientes en Santo Domingo de los Tsáchilas no cumplen los requisitos básicos para funcionar. Los que operan con permiso lo hacen en condiciones precarias.
Eso fue constatado por este Diario a inicios de este mes en un recorrido con funcionarios de la Dirección y Comisaría de Salud, así como del Consep. Es el primer control de este tipo en esta provincia.
Uno de estos centros es Luz Clara, que funciona en el kilómetro 6,5 de la vía a Quevedo, al margen izquierdo de la entrada a Puerto Limón. En este inmueble, uno de los dormitorios se levantó con rústicos tablones.
El techo plástico negro se sostiene con tablas de madera. Sobre el piso de tierra se levantan tres literas con esponjas en mal estado, para seis pacientes; no hay ventanas ni ventilación. El área es de seis metros por cinco.
Esta pequeña covacha está dividida en dos habitaciones. En la segunda hay otras dos camas. En este lugar, una joven cuida a dos niños pequeños. La adolescente, de 16 años, cuenta que hoy está encargada de cuidar a los hijos del administrador del centro.
La chica, de piel trigueña y mirada tierna, revela que su madre la internó porque tenía problemas de adicción a la marihuana y a la base de cocaína.
Luz Clara funciona en una antigua finca agrícola. En la parte posterior de la casa de la granja hay chancheras. Uno de los vigilantes del lugar, que pidió no revelar su nombre, dijo que junto con el administrador levantaron las paredes de otros corrales para cerdos, colocaron techos de polietileno y los convirtieron en otro dormitorio. También se improvisó una despensa de alimentos y una cocina construida en los patios con plásticos viejos.
La parte administrativa funciona en una casa de bloques, que tiene un baño. En cada dormitorio conviven seis personas en la penumbra por la escasa iluminación. En una de las habitaciones está un joven de unos 20 años, que tiene una herida en su nariz y cicatrices en el torso y los brazos, que son las huellas de sus caídas cuando estaba ebrio.
En la sala, 25 personas, la mayoría jóvenes, reciben una charla de motivación. Están sentados en sillas plásticas y forman un semicírculo. Cada interno paga entre 400 y 1 200 dólares cada trimestre. Los ventanales están forrados de alambre de púas. “Los internos solían romper los vidrios cuando jugaban pelota”, dice el administrador del centro, Byron Figueroa, quien es un adicto rehabilitado.
El último registro de funcionamiento de Luz Clara data de agosto de 2006, cuando fue reconocido como un centro legal para la rehabilitación de pacientes, lo cual fue refrendado en esa época por Patricio Duque, jefe zonal del Consejo de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).
Otro centro es Camino al Cielo, que funcionaba en una vivienda a medio construir, en la Cooperativa 15 de Septiembre. A inicios de este año fue clausurado por la Comisaría de Salud de Santo Domingo.
En este local, estaban internadas 18 personas que dormían en una sola habitación, de unos 50 metros cuadrados y compartían tres baños con sus duchas. No tiene ventanas ni ventilación. Su representante legal es Bartolo Mendoza, quien también fue adicto y estaba a cargo de las terapias de los internos. Este local también costaba en la lista autorizada por el Consep.
Uno de los centros que de forma aparente cumple los requisitos de funcionamiento es Ser Libre. En cada dormitorio hay tres literas. El techo es metálico y no tiene cielo raso. Más de 25 internos se encargan de preparar la alimentación de todos. Reciben charlas terapéuticas en un salón que tiene dos ventanales.
Ser Libre no tiene permiso de funcionamiento. Su representante es Álex Alvarado. La Dirección de Salud presume que es dueño de otro centro con el mismo nombre, para mujeres, que también es clandestino.
La principal deficiencia era la falta de un centro de atención médica a los internos. En una ocasión, el médico responsable solicitó un electrocardiograma para uno de los chicos, pero nunca se le practicó, aunque el joven tenía taquicardia.
Un informe del Ministerio de Salud del 8 de enero señala que Ser Libre no tiene permiso de funcionamiento, “por no contar con todo el equipo profesional… Además, su infraestructura y equipamiento son deficientes. La Comisaría le otorgó 90 días para que haga los correctivos.
Según el director de Salud regional, Jaime Jaramillo, ninguno de estos centros cumple los requisitos de funcionamiento, exigidos por la Ley. Lo sustenta en base a un pormenorizado informe de Yuri Bravo, coordinador de vigilancia sanitaria, quien labora desde abril pasado. En ese mes se estructuró en esta provincia la Dirección Provincial de Salud, que hace seguimiento a los centros para drogodependientes que ya tenían permiso.
A escala nacional existen 400 centros de recuperación y tratamiento, entre legales e ilegales. Del total, 100 están en Guayaquil, 40 en Manabí y 30 en Quito. El resto en todo el país.
Además, el Consep inició un proceso de registro de todos los centros que terminará en marzo. Empezó en enero y hasta el momento están registrados 70 centros que ya han obtenido sus permisos .