Una vez más el país está atento a un dilema de difícil solución. La comunidad indígena de Sarayaku decidió dar protección dentro de su territorio al legislador de Pachakutik destituido por la mayoría oficialista, a un asesor suyo y periodista y a un médico. Ellos fueron condenados por la justicia por sus afirmaciones en torno al 30-S, fecha en la que se produjo una rebelión policial y el Presidente fue retenido por varias horas.