El viernes 1 de diciembre del 2017, el director del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), Mauro Andino, se encontró en el set de EL COMERCIO, para dialogar y responder inquietudes de nuestros lectores sobre la lucha contra el contrabando y la defraudación y la tasa de servicio de control aduanero.
Los gremios de la Producción recurrirán a un proceso contencioso y tributario para insistir en que se derogue la resolución que creó la tasa aduanera de USD 0,10, que rige desde el 13 de noviembre pasado.
Gladys Martínez, jueza de la Unidad Judicial Valdivia Sur, en Guayaquil, negó el pedido de revocatoria de otro fallo que el pasado 16 de noviembre del 2017 no aceptó la solicitud de medidas cautelares que buscaba la suspensión de la nueva tasa (USD 0,10) a las importaciones que impone el Servicio Nacional de Aduana (Senae).
La implementación de la nueva tasa aduanera tendrá un impacto en la importación y producción local de mercadería de venta por catálogo, como fragancias, cosméticos y artículos de cuidado personal.
Los requerimientos de información de la Embajada de los Estados Unidos sobre la tasa de control aduanero fueron expuestos en un reunión, el viernes 17 de noviembre del 2017.
La Cámara de Comercio de Lima (CCL) pidió al Gobierno de Perú que denuncie en instancias internacionales a Ecuador por la imposición de una nueva tasa a sus importaciones que, según indicó, encarece en USD 0,10 por gramo todas las qumercancías e ingresen a ese país.
La nueva tasa de servicio de control aduanero, que grava a las importaciones de piezas, implementos y repuestos de vehículos, genera preocupación entre transportistas y propietarios de automóviles.
Las Cámaras de la Producción presentaron un pedido de revocatoria del fallo de la jueza de lo penal Gladys Martínez que negara la medida cautelar constitucional en contra la tasa de control aduanero.
El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, justificó la aplicación de la tasa de control aduanero que se estableció en USD 0,10 y rechazó que se lo catalogue como una salvaguardia disfrazada. Así lo dio a conocer la mañana de este jueves 16 de noviembre del 2017 durante una entrevista en Radio Sucre, en Guayaquil.
Las inquietudes sobre la aplicación de la tasa aduanera de USD 0,10 para las importaciones traspasaron fronteras. A las dudas expuestas por las cámaras productivas del Ecuador se sumaron requerimientos de información de la Embajada de Estados Unidos y de la Unión Europea.
La unidad de control para el cálculo de la tasa de servicio aduanera no debe variar luego de la entrada en vigencia de la medida. Así lo señaló el director del Servicio Nacional de Aduana (Senae) del Ecuador, Mauro Andino.
El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) reconoció que la unidad de control para calcular la tasa de servicio de control aduanero tuvo cambios en varios ítemes, previo a su entrada en vigencia, el 13 de noviembre del 2017.
Los representantes de las cámaras de Comercio, Industrias y Construcción de Guayaquil presentarán la tarde de este miércoles 15 de noviembre de 2017 un recurso revocatorio del fallo de la jueza de lo penal Gladys Martínez, luego de que el lunes 13 les negara la medida cautelar constitucional que interpusieron el 11 de noviembre y que busca frenar la aplicación de la tasa de control aduanera de USD 0,10.
La unidad de control para calcular cuánto tendrán que pagar bienes importados como celulares, por la tasa de servicio de control aduanero, cambió varias veces en menos de una semana. El Servicio Nacional de Aduana (Senae) puso en vigencia desde el lunes 13 de noviembre esta nueva tasa a las importaciones, que se calcula dividiendo el peso del producto para una unidad de medida preestablecida por Aduana. El resultado se multiplica por USD 0,10.
Un incremento en los costos de los productos es lo que prevén los importadores una vez que comiencen a pagar la tasa fijada por la Aduana, de USD 0,10 por artículo.
La tasa de servicio de control aduanero a las importaciones se encuentra en plena vigencia en Ecuador. La jueza de lo Penal Gladys Martínez negó este lunes 13 de noviembre del 2017 una medida cautelar interpuesta por las cámaras de Comercio, Industrias y Construcción de Guayaquil.