El lunes, mientras leía la columna de Simón Pachano en El Universo, no podía dar crédito de lo que me estaba enterando. Pachano hacía una reflexión a propósito de una afirmación de Rafael Correa en el sentido de que los diarios deben ser sancionados no solo por lo que publican sino, y aquí lo insólito y hasta cómico, por lo que no publican.
Hay ciertos conceptos inherentes a toda sociedad moderna y democrática que han sido prostituidos durante este Gobierno. Uno de ellos es el de lo público. Con la creación de un millonario conglomerado ya casi monopólico de medios a los que se les ha puesto la etiqueta de "públicos", cuando en la realidad no son sino instrumentos de propaganda partidista, la idea de lo público ha terminado convirtiéndose en gubernamental.
Con razón o sin ella, legal o ilegalmente, lo cierto es que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia de restarle validez a los correos hallados en los computadores de Raúl Reyes llega en un momento crucial. Demasiado crucial como para no pensar en cochinas coincidencias.
Hoy más que nunca es necesario hablar sobre los medios de comunicación manejados por el Gobierno, eufemísticamente llamados públicos. Lo que ocurrió la noche del sábado, cuando el holding de canales incautados desplegaron todas sus capacidades para publicitar una encuesta como si se trataran de datos definitivos y con el evidente propósito de ser plataforma de los intereses del Gobierno, hace imperativo que en el Ecuador articule un movimiento para pedir una explicación. Se podrá decir que esos canales tenían todo el derecho a contratar a la encuestadora de Santiago Pérez o a cualquier otra, y la verdad es que eso podría ser así si el pago hubiera sido hecho con el dinero de los dueños de los canales. Pero resulta que los dueños de esos canales son, quiéranlo o no, todos los ecuatorianos. Es decir el Estado.