Sobre el artículo 'Impuesto solapado', de Pablo Ortiz García, publicado en la sección "Opinión", del 14 de marzo de 2014, el Presidente del IESS solicita una réplica.
La reacción de los gremios laborales, empresariales e incluso asambleístas no se hizo esperar, luego de que se hiciera pública la Resolución 464 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Las autoridades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) cayeron en contradicciones esta semana luego de la aprobación de la resolución 464.
Unos 89 000 afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) tendrán que ajustarse a nuevas reglas desde el 1 de abril próximo.
La afiliación de los profesionales en libre ejercicio y trabajadores autónomos será voluntaria y no obligatoria.
Fernando Cordero, presidente del Consejo Directivo del IESS, señaló que la afiliación de los profesionales y trabajadores autónomos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es voluntaria y no obligatoria, ni sujeta a sanciones, como se había anunciado la semana pasada.
Las entidades públicas de salud lanzarán una nueva compra masiva de medicamentos para abastecer a la red durante este y el próximo año.
Según la Resolución Administrativa RES – 27 DNA -13 firmada por el Director Nacional de Adquisiciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Diego Cabezas, el pasado 20 de noviembre del 2013 se adjudicó el procedimiento por Régimen Especial N° RE -113 DNA -13 para la “Realización de una Revista 'Condorito' destinada al público objetivo del IESS con una campaña de educación y promoción de los valores en las cuatro páginas interiores, con información de los seguros especializados”.
De conformidad con el previsto en el numeral 7 del Artículo 66 de la Constitución de la República, que establece el derecho a la réplica de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas por medios de comunicación social, solicito que sea publicada, en forma inmediata y en el mismo espacio, la presente nota aclaratoria al artículo titulado "Políticas inhumanas" de autoría de monseñor Julio Parrilla, que fuera publicado en la página 12, sección "Opinión", de la edición de este día domingo 1 de septiembre de 2013, en el siguiente sentido: El autor del artículo escribe que "De un plumazo, las autoridades del IESS han suprimido las capellanías de los hospitales de Quito y Guayaquil", aseverando que se trata de "una medida que se suma al rosario de disposiciones antirreligiosas" del Gobierno y la administración pública.
Solicito que sea publicada la presente nota aclaratoria al artículo titulado "Doble moral" de autoría de Fabián Pérez de Castro, publicado en "Cartas a la Dirección", el 9 de agosto de 2013, en el siguiente sentido: El autor hace referencia a un extracto del Oficio No. PAN-AN-FC-11 0743 de 30 de junio de 2011 que, en mi calidad de Asambleísta y Presidente de la Función Legislativa, dirigí al entonces Presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Economista Ramiro González Jaramillo, solicitándole información documentada respecto del cumplimiento de un Exhorto aprobado tres meses antes por la Asamblea Nacional, esto es el 15 de marzo de 2011, que fuera suscrito por la asambleísta Irina Cabezas R. -Primera Vicepresidenta en aquel período - y no por mi persona.
Este es el extracto de un oficio de 30/06/2011, dirigido a Ramiro González Jaramillo, presidente del Consejo Directivo del IESS, suscrito por Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional a esa fecha, que en su parte pertinente dice: '…disponga las medidas administrativas, económicas y financieras para reparar los derechos de los trabajadores que eventualmente hubieran podido ser vulnerados, con el cambio del régimen del Código del Trabajo al régimen de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa…'.
La inmunidad parlamentaria fue eliminada deliberadamente de la Constitución, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, en una entrevista de televisión, y explicó que se confundía inmunidad con impunidad y servía para armar escándalos mediáticos. Una declaración tan polémica, hacía suponer que provocaría un largo debate sobre el tema en los medios, en la misma Asamblea, en los colegios de abogados, en las cátedras de jurisprudencia, entre los constitucionalistas, partidos políticos y ciudadanos. En realidad, ha tenido poca repercusión en el país.
El proyecto del Gobierno de utilizar las utilidades de las instituciones del sistema financiero privado para financiar el incremento del Bono de Desarrollo Humano llegará vía reforma tributaria.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, indicó que a más tardar hasta el próximo miércoles espera la llegada del proyecto de ley que financiaría el aumento de USD 35 a 50 del Bono de Desarrollo Humano.
El asambleísta del MPD, Jorge Escala, aseguró que el presidente de la Legislatura, Fernando Cordero, ha obstaculizado su función fiscalizadora. Esto porque según indicó, desde hace un año, le ha solicitado hacer que varias autoridades, que se han negado a responder a sus pedidos de información, comparezcan ante alguna comisión. Pero él no lo ha respaldado.
El presidente Rafael Correa advirtió hoy con destituir a los funcionarios que dependan del Gobierno central que entreguen información de forma individual a legisladores del país y explicó que ese tipo de datos solo deben proporcionarlos al presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento).
Se reveló el contenido de la carta que el pasado 5 de octubre envió el presidente Rafael Correa al presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero. En el escrito, el Mandatario le pide que en la investigación que realiza la Comisión de Fiscalización por el caso Cofiec, se indaguen la veracidad de la información publicada por los medios de comunicación. Lea la carta de dos páginas (pág. 1) (pág. 2).
Los legisladores de oposición coinciden en que el presidente Rafael Correa irrespeta a la Asamblea al tratar de limitar una de sus funciones: la de fiscalizar. Ya no solo se archivan los pedidos de juicios políticos porque para Alianza País son igual a un ‘show mediático’, sino que se intenta limitar la posibilidad de que envíen solicitudes de información a los ministros.
El presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, envió una carta al presidente Rafael Correa en la que se refiere a las disposiciones establecidas en la Constitución, Ley Orgánica de la Función Legislativa y Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la solicitud de información generada en las instituciones públicas y privadas.