Víctor L. y su sobrino Ángel T. serán trasladados al Centro de Detención Provisional esta tarde. Ellos son investigados por la presunta ocultación de un vehículo que estaba reportado como robado. La tarde de ayer ambos comparecieron ante la jueza Vigésimo Cuarta de Garantías Penales, Eliana Carvajal, en una audiencia de flagrancia. En la diligencia, realizada en la Policía Judicial (PJ), Ángel aseguró que el auto se lo compró a su tío. Él afirmó que lo adquirió recientemente en una feria, en Quito. Pero los documentos que presentó para justificar la propiedad del auto estaban adulterados, según la Policía. El juez dictó prisión preventiva en contra de los dos sospechosos. Ángel fue arrestado la tarde del lunes cuando circulaba en el carro por el sector de Nueva Aurora, en el sur de la capital. Víctor fue aprehendido poco tiempo después cuando fue en rescate de su sobrino. El robo del vehículo -un Chevrolet San Remo- ocurrió el 11 de septiembre pasado, cerca del Hospital Enrique Garcés,
La deuda de USD 800 que le prestó un chulquero sigue vigente. Hace seis meses, Francisco L. tuvo que endeudarse para completar los USD 1 500 que los extorsionadores le exigían a cambio de recuperar su camioneta robada. A más de los USD 800 del chulquero, sus familiares que trabajan en España le dieron USD 700 más.
La bala llegó en un sobre y una advertencia de por medio: si la familia no pagaba el rescate no habría liberación. La mujer llora al recordar esta escena. Eran los primeros días de diciembre del año pasado y los sospechosos exigían USD 25 000 para liberar a su hijo.
Las cifras de secuestros y extorsión alarman. Datos de la Policía Antisecuestros (Unase) revelan que en el país, en el 2010, las bandas delictivas exigieron a los parientes de 37 víctimas USD 2 538 500, aunque se pagaron apenas USD 44 000.
Tardó menos de cinco minutos en retirar dinero del cajero automático. Regresó a su vehículo y encontró abierta la puerta izquierda. Un desconocido se había llevado la cartera. Eran las 08:00 del sábado. Ocurrió entre la Ibarra y Tulcán, las céntricas calles de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Una nueva modalidad de robo se detectó a mitad de año con base en denuncias que realizan los afectados por la pérdida de sus documentos. Esta consiste en que un desconocido llama a las víctimas para pedir, a cambio de la devolución de sus papeles, dinero o recargas telefónicas.
La vida de Jorge J. cambió en un instante. Él fue gerente de un banco público en el cantón La Concordia (Santo Domingo), durante casi cuatro años. Pero desde la tercera semana de enero es un empleado más de atención al cliente.
Cerca de las 17:00 de hoy inició, en la Policía Judicial del Guayas, la audiencia de investigación en contra de César Hurtado Lascano, comisario Primero de Policía. Él está involucrado en un supuesto caso de extorsión a los propietarios de centros de diversión nocturna de Guayaquil.
La Fiscalía dispuso hoy el inicio de una investigación penal, de oficio, contra los cinco ex comisarios de Policía de Guayaquil, por el delito de extorsión.
Los dos policías visten de verde, con camisa y corbata. Llevan escarapelas en el pecho y portan computadoras portátiles con información del crimen transnacional. Uno es colombiano y general, Humberto Guatibonza, director Antisecuestro de la Policía. Otro, ecuatoriano y teniente coronel, Juan Carlos Iza, director de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).
El conductor sintió un leve golpe en el lado izquierdo de la cabeza. Giró para ver de qué se trataba y se encontró con el cañón de una pistola calibre 9 mm.