Clínicas y hospitales privados de Guayaquil todavía evalúan o hacen ajustes para aplicar una disposición que restringe la atención a pacientes de la red de salud pública, víctimas de accidentes de tránsito, una medida de rechazo a la deuda de USD 224 millones que el Estado mantiene con instituciones privadas de salud del país.