No es un asunto quiteño, es africano. La candidatura de Jorge Yunda no nos convertirá en más bellos, prósperos, mejor organizados o más desarrollados. Nos devolverá a la peor época colonial. Exacto, aquella en donde las leyes eran solo para el pueblo y el poder estaba exento de respetarlas.
No es un tema complicado, ni difícil de entender. El 19 de agosto de 2022 se emitió la sentencia electoral de segunda instancia, sancionando a Yunda con 2 años de suspensión de sus derechos de participación política. Por causa de sus fechorías, no tiene el derecho de ser candidato. Esta sentencia es inalterable, inmodificable, irrecurrible y de última instancia. No debería haber poder humano que la detenga; excepto, el caos ecuatoriano, por supuesto. Existe el “recurso de aclaración” que permite al sentenciado solicitar más claridad sobre aspectos puntuales de la sentencia. De ninguna manera, este recurso puede alterar el sentido de la misma. El artículo 217 del Reglamento de Trámites del Tribunal Contencioso Electoral otorga al juez un plazo máximo de dos días para resolverlo. Tras esto, el juez tiene que ordenar la aplicación inmediata de la sentencia. Es decir, con esta triquiñuela, Yunda podía retrasar la aplicación de la sentencia por un periodo siempre inferior a una semana.
Sorpresas de la vida, el juez encargado de ordenar la ejecución de la sentencia, ¡no lo ha hecho hasta hoy! ¿La excusa? Que la Fiscalía está investigando irregularidades procesales. En otras palabras, si la Fiscalía está investigando algo, las sentencias no se aplican. Conclusión, si a usted le condenan por cualquier cosa, solicite a la Fiscalía que investigue algo y la sentencia se tiene que detener. Ni en África había escuchado un disparate similar.
La realidad es que – en este país – las sentencias para poderosos no se cumplen, solo son para los ciudadanos. Si Yunda gana no podemos decir que en este país hay leyes, solo privilegios. Justo como en el África colonial.