El país deberá pronunciarse en la consulta que propone el cierre del campo petrolero ITT – que se encuentra en una zona altamente sensible llamada Yasuní– y conservar una de las reservas más diversas del mundo. Un tema muy complejo, cuyas implicaciones a corto y largo plazo serán de difícil asimilación por la sociedad en un plazo muy corto.
La propuesta reivindica la conservación de la zona ante los peligros de los impactos medioambientales producidos por la explotación del petróleo. La biodiversidad de la zona –única en el mundo en su mayoría-, la evitación de las emisiones de dióxido de carbono y los derechos de los pueblos indígenas locales, valen más que la venta de los millones de barriles de petróleo pesado del ITT, en la medida que se de valor económico a la biodiversidad no destruida.
Otra corriente no reconoce la existencia de impactos ambientales; no habría afectación alguna, ni daño ecológico que no esté controlado. Señala, en cambio, la pérdida de recursos que sufrirá el país al dejar de producir y exportar petróleo, con cifras contradictorias y no actualizadas. Se abulta el probable sacrificio fiscal y desconoce, implícitamente, las opciones que puede y debe asumir el país con políticas integrales adecuadas.
La dependencia del país de la actividad petrolera le ha impedido diversificar la economía e incursionar en un nuevo paradigma de desarrollo. Los recursos financieros ganados no han generado riqueza en términos justos y equitativos. Al contrario, las condiciones de vida se han deteriorado desde el inicio de la era petrolera en el Ecuador, con el despilfarro de recursos, que ha dado lugar a lo que Ezequiel Ander-Egg, filósofo y educador argentino, denomina la ‘fetichización’ del crecimiento económico.
La utilización persistente de energías fósiles deberá dar paso a nuevas estrategias de desarrollo económico coherentes con los recursos disponibles. Las energías renovables locales constituyen una opción adecuada por ser neutras en materia climática, con escaso grado de complejidad tecnológica y bajo costo.
La propuesta sobre la que debemos pronunciarnos no es un cierre de la explotación del petróleo en el Yasuní por consideraciones netamente ambientalistas. Significa avanzar hacia el fin de la dependencia petrolera diversificando la economía, con la capacidad nacional para obtener los recursos necesarios bajo nuevos referentes, a despecho de las clases que acumulan ingresos y poder con avidez, sin ningún ideal en favor del país.