Como pugilista que se levanta a la cuenta de ocho, turulato, y sorpresivamente asesta un quiño y tumba a su rival, el gobierno de Lenin Moreno ha tenido una sorpresiva recuperación en la segunda quincena de mayo. Logró la aprobación de sus dos leyes económicas urgentes, y mientras analiza los posibles vetos parciales respectivos, adopta medidas para indicar a la nación y al mundo, que el ajuste va en serio.
Una de las medidas es la jornada reducida en dos horas para gran parte de los servidores públicos, una hora para maestros. Se excluye servidores en salud y seguridad, entre otros. La jornada reducida viene con menores salarios y ahorro estimado de USD 980 millones, equivalente a 10.5% del rol de pagos de 2019.
El recorte por seis meses, prorrogables por una sola vez. Va de cajón que la medida se prorrogará y expirará justo cuando finaliza este Gobierno. Al entrante le tocará tomar alguna medida su primer día, puesto que difícilmente podrá volver a pagar salarios completos.
En el fondo, lo que hay es que la estrategia adoptada desde inicios de la era petrolera, hace 50 años, y exacerbada bajo el correato, no va más. Se convirtió al sector público en empleador por antonomasia, incorporando servidores en gran número e indiscriminadamente, gran parte por palanca. Con Correa además se subieron los sueldos por encima de lo que se paga en el sector privado, con excepción de los más altos cargos, en que los sueldos no guardan correlación con la responsabilidad.
No se trata si hay o no voluntad de seguir así; la inercia favorece continuar pero la cruda realidad es que no hay como pagarse este Estado. Ha crecido tanto que la renta petrolera ya no basta. Desde 2015 el Estado se ha endeudado en los mercados financieros en miles de millones de dólares anuales para pagar burocracia, pero ya se cerró esta llave. Si se sigue gastando, no habrá dinero para pagar. Se acumularán atrasos descomunales. No queda más que reducir el Estado.
Este Gobierno y el próximo deben “eliminar la grasa”, como suele decirse en círculos gubernamentales, propendiendo a que queden sólo los funcionarios administrativos indispensables, escogiendo los más preparados, pagando sueldos de mercado, y desvincular a los demás. Todo incremento en funcionarios tiene que venir por el lado de las áreas que dan servicio al ciudadano, como salud, educación y seguridad, pero los ministerios respectivos tienen que ser austeros en lo administrativo. Esa es la realidad, y las universidades públicas deberían entenderlo: las privadas se están ajustando. Lograr la destitución del ministro de Finanzas sería una victoria pírrica. El dispendio no va más.
Los gobiernos tendrán que volver sus ojos al sector privado eliminando trabas y favoreciendo su eficiente desempeño, ya que de su prosperidad dependerán los ingresos fiscales.