En los últimos meses hemos constatado una vorágine en la producción de normas punitivas. Está en estudio del Legislativo un Proyecto de Código Penal que, a la vez que pretende elevar las sanciones, es muy prolífico en intentar crear nuevas tipificaciones de delitos, en los que conductas que en otros lugares no conllevan penas de privación de la libertad, aquí se pretenden poner al orden del día. En especial hay que tener en cuenta esas ambiguas redacciones por las que, cualquier opinión futura, podría dar pauta a que algún comedido inicie una causa penal por cualquier desaguisado. Vienen a la memoria los tiempos en los que, los que ahora hacen gobierno, desfilaban por los medios de comunicación incitando a la rebelión contra el Estado burgués, argumentando el apocalipsis económico que supuestamente se vivía principalmente a causa de la dolarización, los supuestos actos de corrupción y más anomalías, en muchos casos infamando a personajes públicos, que de hacérselo con las normas que han enviado a la Asamblea para su aprobación estarían en los ca-labozos, probablemente con la autoinfligida denominación de perseguidos políticos.
Los tiempos han cambiado y son ellos los que ahora proponen normas con un sesgo persecutorio. Nada más delicado que una reforma penal, en la que debe primar la adecuada proporcionalidad entre la ofensa y la sanción, trátese de la figura que fuere. No cabe que el aparato estatal se convierte en un ente inquisidor. Quizá ese no sea el propósito que anime a sus proponentes, razón más que suficiente para que en la producción final de las futuras normas penales se llenen de argumentos, escuchen a los especialistas, den cabida a opiniones que, aún cuando no sean las suyas, puedan realizar un aporte técnico-jurídico significativo.
La visión de solucionarlo todo con prisión es errada. Tratar de imponer sanciones privativas de la libertad vía reglamento por infracciones de tránsito, lo que redundará en puestos de detención que estarán abarrotados de conductores descuidados. Pretender castigar la destrucción de árboles, con lo que, de estar vigente la norma, nuestro Burgomaestre la habría estrenado, no es la vía adecuada. Se deja totalmente de lado la prevención, la educación, el sembrar en jóvenes y niños el respeto al otro, a la naturaleza, acciones que darían más resultados que normas que buscan amedrentar a la ciudadanía.
Hay que ser efectivo en la lucha contra el crimen organizado, ir ganando la batalla, a ratos abruma la sensación que se la está perdiendo. La política de Estado debe brindar seguridad ciudadana, con una fuerza policial eficiente y educada que cuando deba actuar lo haga con apego a la ley. Puede molestarnos que conductores violenten normas, se parqueen donde no deben, pero enviarlos a prisión no va a convertir a nuestro territorio en un lugar más seguro. Asalta la duda, al parecer, se perdió toda perspectiva.