Retumban en nuestras mentes las premonitorias expresiones del siempre recordado Doctor Francisco Huerta Montalvo, pronunciadas hace 15 años: “los hechos están demostrando que aquí el narcotráfico penetró con bendición oficial”; “el país corre el riesgo de convertirse en una narcodemocracia”. La situación de inseguridad que nos angustia: crímenes, secuestros, “vacunas” (extorsiones), asaltos vandálicos a domicilios, sicariato, ejecuciones colectivas y brutales en los centros de reclusión entre cárteles de traficantes de droga, confirman esos presagios, que siembran pánico en la población. Nuestro país “isla de paz” se ha transformado en un campo de batalla desigual en el que bandas, fuertemente armadas, arremeten a diario contra la población civil indefensa, huérfana de la protección estatal. Los cimientos institucionales han sido vulnerados: el poder judicial plagado de jueces temerosos, mal preparados y entregados a los delincuentes con sentencia ejecutoriada, a los que otorgan la libertad, sin que cumplan las condenas, ni devuelvan lo robado; la Asamblea, que conspira para otorgar impunidad y poder a los prófugos que se enriquecieron con dineros públicos, no ha elaborado leyes que posibiliten que la policía y a las fuerzas armadas defiendan, con toda su capacidad, al pueblo asediado.
El Ecuador no produce coca, la exporta y su consumo ha sido reemplazado, en parte, por el de drogas sintéticas, lo que ha mermado las multimillonarias ganancias de los traficantes de cocaína, que buscan compensaciones económicas con la ampliación del espectro delincuencial.
El Estado, los gobiernos seccionales, la Asamblea, la sociedad civil y el país deben sublimarse, revivir el ”ni un paso atrás”, en esta guerra que obliga a superar diferencias e intereses particulares, para estructurar un frente poderoso con la conducción de un Consejo de ex presidentes y de expertos en temas de seguridad, para juntos derrotar a la criminal delincuencia que, a base del terror, pretende apoderarse de nuestra patria.