La vida sigue igual
'Al final, la vida sigue igual", letra de una canción de la década de los años sesenta. El país vive una época en que el desconcierto es la regla; descalificar a personas es normal entre algunas autoridades; y la persecución a gente ajena al partido de Gobierno es habitual. Como consecuencia de esa persecución me acordé de un Decreto expedido por el presidente Carlos Arroyo del Río, publicado en el Registro Oficial 845 de junio 23 de 1943, conocido en esos días como de Propiedades Bloqueadas.
A través de ese Decreto, suscrito durante la Segunda Guerra Mundial, el Presidente Arroyo del Río facultó a uno de sus ministros para que suspenda, limite o prohíba actos o contratos ejecutados por "las personas incluidas en la lista proclamada de ciertos nacionales bloqueados, o de los súbditos o nacionales de países que se encontraren en guerra con una nación americana, o de quienes favorecieren las actividades bélicas o comerciales de dichos países".
En otras palabras, se podía intervenir los bienes de las personas incorpora das en una lista elaborada por el Presidente o por alguno de los secretarios de Estado. Quienes estaban en la mira del Gobierno de ese entonces, eran, por obvias razones, ciudadanos alemanes, italianos y japoneses, residentes en Ecuador, es decir, súbditos de las naciones en guerra contra los aliados .
Los ciudadanos seleccionados por el gobernante para que sus bienes pasen a propiedad del Estado, perdieron, entre otros, las patentes y marcas de fábrica que aún hoy son muy conocidas, tales como, Aspirina, Bayer, Behring, Rivanol, Hombre con Espiga (esta no sé si es famosa, pero me llamó la atención la marca). Si algún burócrata de esa época no obedecía lo dispuesto por el gobernante, o ponía obstáculos para su ejecución, podía ser "castigado con una multa de USD 1 000,oo a USD 100 000,oo que será exigible vía coactiva" .
Hoy se descalifica a la gente que en ejercicio de su profesión o actividad económica trabaja en defensa de la posición de sus clientes, que no necesariamente es la del gobernante. Quienes osan disentir, o respaldan intereses de personas a las que el Mandatario no considera de su línea política, se los incluye en el listado de los indeseables que se promulga los días sábado en la edición verbal del registro oficial.
En cuanto a las sanciones por incumplir los designios del Primer Mandatario, y como en el siglo XXI desaparecieron los Sucres, ahora el castigo consiste en suspender a los funcionarios públicos, a órdenes del Poder Ejecutivo, sin perjuicio de convertirse en el escarnio de la sociedad por decisión del Comandante en Jefe.
El Decreto de 1943 sigue en vigencia, puesto que según las necesidades del Gobierno se lo copia con pequeños matices… total "al final, la vida sigue igual".