El correísmo tiene aversión a los jueces independientes; parece considerar irrelevante la importancia del equilibrio de poderes en el Estado. Su proyecto político, como lo ha demostrado en el pasado y como se anuncia para el futuro, busca tomar todas las entidades de control. Aunque intentan disimularlo con giros discursivos, la idea de tener un equilibrio institucional es para otros, no para ellos.
Sin embargo, rechazar el control externo y presentarlo como una intromisión a facultades que creen ilimitadas no es patrimonio de la izquierda curuchupa, también está en sectores de la derecha, como queda claro en una carta enviada por el presidente Lasso a la Corte Constitucional.
Si bien el mensaje reconoce el papel de la Corte como guardiana de la vigencia de la Constitución y de la necesidad de que el poder político sea “limitado y acompasado” (sic), sostiene que durante el periodo de muerte cruzada, debido a la facultad de emitir decretos-leyes de urgencia económica, la Corte no es competente para revisar si el proyecto es efectivamente “urgente”. La Corte -dice- puede ejercer un “riguroso control de compatibilidad constitucional” del contenido, pero no examinar la “urgencia”, que es de exclusiva competencia del presidente.
Sostener esto implica que el presidente, durante este período, tiene un poder ilimitado para legislar en asuntos económicos. Bastaría con añadir el rótulo de “urgente”, sin importar si realmente se trata de una urgencia, para que el proyecto entre en vigor, siempre y cuando no viole normas constitucionales sustantivas. Esta interpretación no parece razonable. Esta es una facultad extraordinaria que debería ser utilizada únicamente cuando lo que se busca no pueda esperar a que exista una nueva Asamblea, para que el proyecto pueda pasar por un debate, algo necesario en una democracia, donde el poder debe controlarse siempre. No contar con Asamblea es una situación extraordinaria y temporal y, en modo alguno, un cheque en blanco para legislar en materia económica.