El investigador Fernando Carrión usa la categoría urbicidio –un simil del homicidio, pero referido al asesinato de una ciudad– para hablar de la actual situación de Quito: la muerte del espacio público: el lugar donde se construye el pensamiento y el espíritu ciudadano, donde se adquiere voz y presencia, gracias al encuentro social, que genera identidad; y, al igual que un homicidio, esta no es una muerte natural sino provocada.
Dos hechos recientes lo evidencian: el fallecimiento del canciller de la Universidad San Francisco de Quito, Santiago Gangotena, otra víctima del promedio de seis personas diarias que perecen por atropellamientos, arrollamientos y choques en el Ecuador, según Movilidad Segura; y la protesta de los habitantes de Nayón por los trancones que se producen en el acceso a esa parroquia rural, cuya carretera fue construida en sus inicios mediante mingas, esfuerzo colectivo que el municipio no reconoce, aunque sí aprueba megaconstrucciones privadas en el ingreso a un sector donde habitan 25 000 personas.
Apenas dos ejemplos de un Quito que ha dejado de ser una ciudad que se organiza desde el espacio público para pasar a constituirse en un lugar donde los intereses particulares priman sobre el bien común y no existe la cohesión social necesaria para dar a la vida de las personas mayor valor que a los automotores, cuyo crecimiento debora las calles, de manera que los siniestros viales son la segunda causa de defunción en el Ecuador, con 553 personas muertas y 1 545 lesionadas, solo en este año.
El ansia por la velocidad y la innovación ha desplazado la identidad de la ciudad, cuya violencia –no solo vial, por cierto– ha hecho desaparecer el tiempo y el espacio social, donde se genera la solidaridad humana, para traer a cambio el temor al otro. Un urbanismo sin ciudad, con espacios que no conectan entre sí, puntos de concentración de intereses inmobiliarios y comerciales, que dan cuenta de una gestión municipal sin proyecto colectivo que mercantilizó los derechos ciudadanos al volverse una simple proveedora de servicios.
Detener el urbicidio de Quito implica recuperar el espacio público y repensar la planificación urbana, cosa que no puede ser asumida por un solo actor; requiere criterios de unidad y una política de acuerdos entre los habitantes de todas las zonas y el Concejo Municipal, para volver a tener ciudad y ciudadanía.