Justo cuando la crisis económica llegaba a uno de los momentos más críticos y las calles comenzaban a caldearse tras los anuncios de las organizaciones sociales de nuevas protestas, llegó el devastador terremoto del 16 de abril. Todo eso que preocupaba a la opinión pública nacional quedó en segundo plano. La prioridad fue entonces atender las zonas afectadas de la Costa, habilitar albergues y proveer de asistencia humanitaria.
Esto, a más del profundo pesar que causó la pérdida de vidas humanas, destrozos materiales y pérdidas económicas, fue utilizado políticamente por el Gobierno para justificar la aplicación de nuevas medidas de ajuste fiscal, mayor endeudamiento, pago con bonos obligaciones a proveedores, jubilados… e incluso legitimar la venta de activos del Estado (privatizaciones). De ahí que esté plenamente justificado no solo todo aquello sino el aumento del IVA al 14%.
La caída de los precios internacionales del petróleo significó una reducción de los ingresos del Estado ecuatoriano cercana a los USD 8 000 millones. A esto se suma un escenario de recesión económica (contracción para decirlo más sutilmente), desplome del empleo (desde enero de este año se han perdido 345 000 puestos de trabajo), decrecimiento de los ingresos tributarios y baja de las exportaciones.
Pero los esfuerzos que ha hecho el Gobierno para sortear esta situación adversa han sido insuficientes. El presidente Rafael Correa ha destacado en su reciente Informe a la Nación la reducción de un 10% de los sueldos en cargos directivos, la eliminación de 20 entidades públicas (14 en 2015 y 6 en los próximos meses), 12 viceministerios… No obstante, todo esto se quedaría corto frente a la dimensión del actual déficit.
Sin embargo, la difícil situación económica pone en duda el destino de los recursos que ahora se van a generar producto de una serie de leyes y acciones gubernamentales. ¿Cuánto de lo que va a producir el alza del IVA estará dirigido a las zonas del desastre? ¿No es un mero justificativo para nutrir de nuevos ingresos a las arcas del Estado?
Por ello, aunque el terremoto le ha ayudado favorablemente al Gobierno, la dimensión de la crisis es más grande. Y es que esos USD 8 000 millones de la caída de los ingresos petroleros difícilmente podrán ser cubiertos. Eso significará no solo la prolongación de los problemas de financiamiento de parte del Estado, sino también la agudización de la crisis que atraviesa el país, nuevas protestas (sobre todo con el anuncio del envío a la Asamblea de la Ley de Herencias y Plusvalía) y un mayor deterioro de la imagen del Gobierno.
Cuando el Presidente dijo en el reciente informe de que el próximo año habrá un nuevo gobernante, no es más que la confirmación de lo que se acaba de afirmar. Por ello, aunque el terremoto salvó temporalmente a Correa, los meses que vienen serán realmente tortuosos. Más errores terminarán por sepultar definitivamente al proyecto de la Revolución Ciudadana.