Juan Pablo Aguilar Andrade

La solución: disparen

Entre los varios problemas que heredó el presidente Lasso, el de la seguridad es, sin duda, el que menos se presta para soluciones simplistas, proyectos aislados o de corto plazo. Las soluciones serias no podrán nacer de enfoques unilaterales y requerirán, necesariamente, una política consistente que apunte a todos los elementos de esa compleja red de circunstancias, de la que nace la violencia que ha estallado en las cárceles y que vivimos cotidianamente en las calles.

Para algunos, sin embargo, el tema es fácil. La alcaldesa de Guayaquil, por ejemplo, ya sabe lo que hay que hacer: repartir pistolas y tomar palco, para ver quién sobrevive a la balacera.

Lo único claro de su discurso es el poco interés que se tiene en solucionar el problema, que no pasa de ser una oportunidad para sumar apoyos y lucirse ante la galería. En realidad, las propuestas serias pueden esperar, porque sus réditos no igualan a los de la retórica barata, esa que remueve emotividades y bajos instintos. Lo grave es que ese discurso, al que la palabra retrógrado calza a las mil maravillas, arranca aplausos, como si fuera digno de alabanza que alguien se arrogue la atribución de considerar no humanas a determinadas personas; o que quien fue varios años legisladora de uno de los partidos más activos de nuestra historia legislativa, afirme que las leyes se hacen en la cárcel.

La propuesta de la alcaldesa no busca enfrentar el problema y se queda en el típico planteamiento populista, tan generalizado en nuestro medio: reformar la ley, sin decir ni cómo ni por qué ella puede tener la virtud mágica de modificar la realidad.

No he visto publicado el proyecto, pero su propulsora explicó que uno de sus puntos importantes es permitir que quienes pasen rigurosos exámenes en el Ministerio de Defensa, puedan portar armas; esto era posible, dijo, antes que en la década de 2006 a 2016 se derogara la ley que lo permitía. Si esto fuera así, lo menos que esperaríamos es que se nos muestre, en cifras, cómo esa derogatoria incidió en un incremento de la criminalidad, cómo es que efectivamente la falta de esa ley se convirtió en factor de inseguridad.

Nada se dice, sin embargo, porque sin duda no importa; pero, sobre todo, porque la base del argumento es falsa. La ley de tenencia de armas, supuestamente derogada, está vigente desde 1980, y las reglas que contiene para otorgar permisos para portar armas siguen siendo las mismas. ¿La gran propuesta de la alcaldesa es dictar una ley que ya existe?

Pero hay algo más. Si el proyecto en verdad importara, ¿no sería más adecuado entregarlo al bloque legislativo del partido de la alcaldesa? ¿Qué sentido tiene entregar la propuesta a un presidente bloqueado por la Asamblea?

Habría que preguntar si lo que se entregó fue un proyecto legislativo o leña para avivar el fuego, calor para que no se enfríe la papa caliente; hasta cabría pensar mal y suponer que esto tiene algo que ver con la cuenta regresiva de Luis Fernando Torres.

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