Hoy comparece el presidente a defender su honor en el juicio político en que se lo acusa de peculado (este artículo fue escrito el lunes a las 9h00). Los interpelantes mintieron a la Corte Constitucional que Lasso firmó un contrato de transporte petrolero, cuando el contrato vigente se firmó bajo Lenin Moreno. El Cal convoca a votar por la iniciación de un juicio que carece de informe acusatorio. Es un juicio amañado.
En la Asamblea Lasso se arriesga a enfrentarse con una turba frenética de asambleístas: correístas siguiendo consignas de Bélgica y los otros defendiendo la cuota de poder prometida el domingo si votaban por la destitución. Insultos, pancartas, incluso intentos de agresión física. Si el presidente entra al recinto con escolta, algún asambleísta hará algún ademán que obligue al rechazo, y las baterías de troles dispararán al mundo la denuncia de violencia policial en el recinto legislativo.
Si al terminar su defensa Lasso declara la muerte cruzada, ¡qué impide al presidente de la Asamblea cambiar el orden del día, llamar a votación a mano alzada, y destituir al presidente en cuestión de pocas horas? La Constitución y leyes no son óbice. Esto es un golpe de Estado. ¿Se atrevería la mayoría de la Corte a declarar la inconstitucionalidad y destituir a los asambleístas que voten así, o encontrará verosimilitud mínima en la destitución?
Es un escenario extremo. Puede que los incidentes en el recinto legislativo se contengan dentro de los parámetros de la normalidad para esa institución, y que la Asamblea acata la muerte cruzada. Pero el punto no es si este escenario es probable, sino que es un riesgo innecesario. Ir a la Asamblea es un error.
La mayoría que se conformó para captar el control de la Asamblea es abrumadora. Con esa oposición legislativa, aunque no hubiera juicio político, el gobierno estaría maniatado y a su merced.
La elección del domingo hizo la muerte cruzada inevitable. Pero no debió esperarse para hoy. Debió ser ayer, en cadena nacional.