Uno de los ‘soldados de la revolución’ sin cargo oficial -que los hay muchos, sobre todo aquellos que tuvieron alguna experiencia efímera, y al parecer ingrata, en los medios privados- anda diciendo por ahí con voz meliflua que la eficacia de la Ley de Comunicación queda demostrada porque la posición del Ecuador ha mejorado en el último informe de Reporteros Sin Fronteras sobre la libertad de expresión.
Una de las posibilidades detrás del resultado es que la actividad informativa esté hoy tan limitada que los conflictos entre medios y poder hayan bajado de intensidad y simplemente no sean captados por los sismógrafos. Esto no quiere decir que haya más libertades. La paz de los cementerios no necesariamente es expresión de buena salud; ya no hay enfermos, claro, pues unos están en modo hibernación y otros pasaron a mejor vida.
Seguramente se trata del Gobierno más honesto de la historia, pero el Ecuador debe ser uno de los pocos países en donde es el propio poder el que encuentra y denuncia casos de corrupción de la administración pública. Y esto se debe en buena medida a que las autoridades, es decir el Consejo de Regulación y la Superintendencia de Comunicación, nada hacen para que se cumpla la Ley de Acceso a la Información, que se supone es parte del sistema de comunicación a su cargo.
Un excandidato presidencial que se propone volver a la arena política se queja sobre lo difícil que es interactuar con unos medios que están ensimismados en cuidarse de no caer en pecado frente al poder. Quizás se refiere a la serie de dificultades, y no solo legales, derivadas de enfrentar a un poderoso aparato de propaganda y de sanciones si no se cumple la inexorable ley.
El entorno no ayuda. Ya luce normal que un juicio personal del Presidente se vuelva un asunto de Estado. Y que, al revés, sea prácticamente imposible ganarle un juicio por injurias, por más que la ofensa sea pública. Las leyes no se aplican para las sabatinas y se persigue a los programas que el poder considera discriminatorios. Menos mal, la autoridad sentenció que las restricciones no se refieren a contenidos ‘artísticos’, lo cual quiere decir que los funcionarios pueden seguir escribiendo poesía erótica.
Un periodista joven escribió hace poco en una publicación digital su crónica sobre la ceremonia de entrega del Honoris Causa al presidente Correa en la Universidad de Barcelona. Se preguntaba por qué no usa en sus sabatinas el estilo que usó en ese acto. Una de las respuestas que se me ocurren es que seguramente se estima que se trata de otra audiencia.
Lo único cierto es que quienes no están con el poder se merecen su peor estilo y la peor parte de las leyes. La que sanciona, la que impide, la que no da acceso. A este paso, ya falta poco para que seamos ejemplo mundial de libertad de expresión. ¿No es cierto, soldaditos de la revolución?